Tras varios años de debate, mañana, 31 de marzo se votará en el Parlamento Europeo la Directiva sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales.

Esta Directiva viene a recoger el principio de "quien contamina paga", contenido en el artí­culo 174 del Tratado CE versión consolidada, exigiendo responsabilidad a los operadores en los casos de daño ambiental o amenaza inminente de daño a especies y hábitats naturales protegidos, a las aguas o al suelo, si afecta a la salud humana, causados por las actividades profesionales de riesgo; y por actividades distintas a éstas, en caso de daño o amenaza inminente de daño a especies y hábitats naturales protegidos, cuando haya culpa o negligencia por parte del operador.

WWF/Adena, que participó en el proceso de elaboración de la Directiva, valora la importancia que ésta concede a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la protección del medio ambiente, a las que reconoce legitimación para: informar a la administración de los casos de daño ambiental; solicitar que actúe en consecuencia; presentar recursos ante un tribunal o cualquier otro órgano público en los casos de daño o amenaza de daño; y participar en la determinación de las medidas reparadoras.

Esta posición, consecuencia de las exigencias asumidas por la CE con la firma del Convenio de Aarhus en 1998, no es nueva. No en vano, ya habí­a sido recogida en la Directiva sobre acceso a la información en materia de medio ambiente y la Directiva sobre participación del público en la elaboración de planes y programas, que afirman que hay que fomentar el acceso del público y la difusión de la información medioambiental para lograr una mayor concienciación de los ciudadanos sobre los problemas ambientales, y que el modo adecuado para lograrlo es intensificando la participación de las ONG que trabajen a favor del medio ambiente.

La Directiva será adoptada por el Consejo a primeros de abril, y se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, teniendo previsto entrar en vigor el dí­a de su publicación.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF/Adena, ha declarado: "Por fin comienza a valorarse la labor de las ONG como impulsoras de los derechos de los ciudadanos a un medio ambiente saludable y como promotoras del cumplimiento de la normativa ambiental".