Así­, Greenpeace critica que quedan fuera de la Directiva actividades que conllevan un grave riesgo ambiental. Entre ellas destacan: el tráfico marí­timo de sustancias peligrosas - lo que impedirí­a su aplicación en un caso como el Prestige -, la liberación al medio ambiente de organismos modificados genéticamente o las centrales nucleares.

Por otro lado, al eliminarse también su aplicación en aquellas actividades contaminantes que se desarrollen "en cumplimiento de un permiso" o de acuerdo con tecnologí­as "de última generación", la efectividad de la Directiva será muy baja.

"Lamentamos que, después de años de debate en Europa sobre cómo aplicar el principio quien contamina paga, finalmente seremos los ciudadanos a través de nuestros impuestos los que tengamos que seguir haciendo frente a los daños ambientales en la mayorí­a de los casos" -ha declarado Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace.