Al cumplirse mañana miércoles la fecha lí­mite para la presentación en Bruselas del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de CO2, Greenpeace recuerda que el Gobierno del PP no ha cumplido el mandato de la Directiva de Comercio de Emisiones, que obliga a que dicho plan especifique cómo se han tenido en cuenta las observaciones del público, ya que el Gobierno no ha presentado a las organizaciones ecologistas ningún cuestionario para conocer su opinión, ni ningún borrador para consulta. Por tanto, independientemente de que se cumpla o no con la fecha lí­mite, ya se ha incumplido la Directiva.

Desde que la Comisión Europea aprobó la Directiva, el Gobierno ha enviado cuestionarios a los distintos sectores industriales y ha mantenido reuniones con ellos, pero sólo en una ocasión el Secretario de Estado de Energí­a, José Folgado, se reunió con los ecologistas. En aquella ocasión, Folgado no quiso entrar a discutir los contenidos del Plan de Asignación, aunque prometió que se convocarí­a posteriormente a los ecologistas para discutir sus planteamientos. Esa promesa no llegó a cumplirse.

"El Gobierno no puede ahora presentar nada en Bruselas que los ecologistas hayamos siquiera visto, y mucho menos discutido ni consensuado" -ha declarado José Luis Garcí­a Ortega, representante de Greenpeace en el Consejo Nacional del Clima- "El Plan de Asignación es una herramienta clave para cumplir con Kioto, y su elaboración debe ser transparente y participativa".

Greenpeace ofrece al nuevo Gobierno su colaboración para participar en la elaboración del Plan de Asignación, así­ como en las restantes cuestiones de polí­tica climática.

El comercio de emisiones es la principal herramienta de la Unión Europea para cumplir el Protocolo de Kioto sobre cambio climático. El Plan de Asignación de Derechos de Emisión de CO2 debe especificar cuántos "derechos" se asignan a cada una de las instalaciones y sectores afectados, de forma que los que emitan de más se verán obligados a comprar los derechos equivalentes a su exceso. Se trata de aplicar el principio de que "el que contamina, paga".