– Un Plan de choque para la vivienda protegida

– Plan de vivienda pública para jóvenes, mayores, inmigrantes y rentas bajas, en régimen de alquiler y que, en ningún caso, este patrimonio sea susceptible de enajenación.

– Plan Integral de rehabilitación y remodelación de las áreas más degradadas de nuestras ciudades, para garantizar la regeneración urbaní­stica, social, económica y cultural de las zonas deterioradas.

– Comisiones de seguimiento en todos los Planes y Programas de vivienda, de carácter tripartito y paritario, al objeto de realizar y mantener un control efectivo de sus objetivos.

– Creación de una Agencia Pública de vivienda en alquiler, cuyo primer paso será el de confeccionar un Registro de Viviendas Desocupadas, promoviendo su incorporación al mercado de alquiler con arrendamiento tasado, a través de medidas como la rehabilitación, en caso de ser necesario, o los avales y seguros públicos frente a impagos o deterioros.

– Redacción de una Ley de Derechos Residenciales que regule los derechos y deberes en relación al uso y disfrute de la vivienda.

– La prohibición de que una vivienda protegida pierda el carácter de tal, con lo que se evita que, al cabo del tiempo, pueda ser vendida a precio libre. Además las VP deberán tener un precio máximo fijado y actualizado durante toda su vida útil y sólo podrán ser vendidas en posteriores trasmisiones y bajo la supervisión de la Comunidad de Madrid, a los solicitantes previamente inscritos en un registro público.

– Apostar por una polí­tica de Consorcios Públicos donde el suelo sea propiedad de las Administraciones Públicas, permitiendo gracias a la cooperación entre administraciones, la existencia de un importante número de viviendas en plazos cortos, sin gasto público y de una forma rentable, frente a los actuales Planes de Actuación Urbaní­stica (PAUs) donde el movimiento del suelo responde a los principios de mercado, provocando su encarecimiento por dilatación en el tiempo, oferta casi inexistente de VPO y especulación.