Para el representante sindical, en Europa, confluyen dos situaciones, por un lado, personas nacionales de terceros paí­ses, jóvenes en su mayorí­a, que desean venir a trabajar y a vivir entre nosotros y, por otro lado, nuestros sistemas económicos y sociales tienen la oportunidad de incorporar a nuevas personas, a nuevos trabajadores, tanto cualificados como no cualificados. Sin embargo, hoy tenemos casi cerrados los caminos para la entrada legal de inmigrantes, lo que provoca que en gran medida, la gestión de los flujos migratorios sea realizada por redes de delincuentes que trafican con seres humanos y que una parte de la gestión del mercado de trabajo para inmigrantes se realiza a través de la economí­a sumergida.

Los europeos debemos terminar con esta hipocresí­a, ha dicho Luis Miguel Pariza, si existe inmigración irregular no es solo porque operan redes de delincuentes que trafican con seres humanos; sino también porque en ciertos ámbitos existe un mercado de trabajo irregular promovido por algunos empleadores, que vulneran las reglas de la competencia, defraudan a la hacienda pública y a la seguridad social y atentan contra los derechos humanos, laborales y sociales de los inmigrantes irregulares.

Sin embargo, la mayorí­a de las empresas, así­ como los interlocutores sociales, están interesados en el respeto a la legalidad en la contratación de los trabajadores inmigrantes. Los Estados Miembros deben favorecer la regularización de las personas sin papeles para liberarlas de las redes de explotación y de marginación en que se encuentran y favorecer así­ su integración social y deben concertar con los interlocutores sociales polí­ticas adecuadas para legalizar y sacar a la superficie las actividades económicas que se realizan con los inmigrantes en la economí­a sumergida. Es necesario, por tanto, una nueva polí­tica de inmigración que abra algunas ví­as, algunos caminos legales para la inmigración laboral, tanto para trabajadores cualificados como para no cualificados.

Dos deben ser las ví­as para la inmigración legal: La más importante, la concesión de un permiso de trabajo y de residencia adquirido en el paí­s de origen a través de la representación consular del Estado miembro. A estos procesos conviene asociar a los interlocutores sociales con el fin de ordenar adecuadamente el mercado de trabajo. Debe existir también otra ví­a menor, otro mecanismo complementario para la inmigración legal, porque para una parte del mercado de trabajo, en las empresas familiares, en la artesaní­a, en el servicio doméstico, es imprescindible el conocimiento previo entre el empleador y el trabajador. Para reducir los espacios a la inmigración irregular, se debe utilizar un permiso temporal de residencia hasta la consecución de un contrato de trabajo.

Los inmigrantes, sean temporales o de larga duración, deben disponer de derechos equivalentes a los de los nacionales. El derecho a la reagrupación familiar, además de ser un derecho humano fundamental, constituye un instrumento imprescindible para la integración .Los derechos económicos, laborales y sociales de los inmigrantes deben ser los mismos que tienen los nacionales, sin ningún tipo de discriminación.

El representante del CES ha saludado la iniciativa de la Comisión para que los residentes de larga duración puedan acceder a la libre circulación y residencia si existen motivos laborales. Pero para el Comité es necesario reconocer el derecho de estas personas a la participación polí­tica; es imprescindible para las polí­ticas de integración y la democracia saldrá fortalecida. Deseamos que los residentes de larga duración dispongan del derecho de voto en las elecciones locales y en las del Parlamento Europeo; de esta manera, aunque el reconocimiento de la nacionalidad es competencia de cada Estado, los residentes de larga duración podrán ser ciudadanos europeos .

Por último, Luis Miguel Pariza ha reclamado para los interlocutores sociales en los diferentes ámbitos, la debida asociación en la gestión de la nueva polí­tica de inmigración, con el fin de favorecer un adecuado funcionamiento del mercado de trabajo. Asimismo, en el ámbito de la autonomí­a colectiva, los interlocutores sociales favorecerán la integración laboral y social de los inmigrantes e impedirán cualquier tipo de discriminación en el trabajo.