Amnistí­a Internacional alertó señalando que esta nueva ley antiterrorista permitirá que el ejército practique detenciones, registre casas e intercepte comunicaciones sin orden judicial.

De este modo, la práctica de encarcelar a defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros activistas sociales sobre la base de datos facilitados por informantes anónimos poco fidedignos será cada vez más usual. -Es probable que la concesión efectiva al ejército del derecho a investigarse a sí­ mismo agrave el escándalo de derechos humanos que afecta a Colombia, al mismo tiempo que hará que el personal militar implicado en violaciones de derechos humanos goce de una impunidad aún mayor-, advierte Amnistí­a Internacional.

Con este proyecto de ley, los defensores de derechos humanos y los sindicalistas, considerados a menudo subversivos, quedarán aún más expuestos a sufrir investigaciones penales arbitrarias. La ley antiterrorista vulnera el espí­ritu de los tratados internacionales de derechos humanos de los que es firmante Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, y ha recibido crí­ticas de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura de la ONU, y el comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

Histórico

El 10 de diciembre de 2003 la Cámara de Representantes aprobó el estatuto antiterrorista, que reforma los artí­culos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución. La ley entrará en vigencia cuando la Cámara apruebe la oportuna ley habilitante. El gobierno ha presentado dicha ley habilitante a principios de marzo de este año.

– Si el gobierno tiene el compromiso de abordar la crisis de derechos humanos, deberí­a reforzar el sistema de justicia civil que garantice el avance de las investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos-, concluyó Amnistí­a.