Los parámetros que miden la pobreza están claros: un hogar es pobre si su renta anual es inferior al 50% de la media nacional. De esta forma, en España se consideran pobres a aquellas familias que sobreviven con unas 110.000 pesetas al mes, y pobres extremos a las que sobreviven con 55.000.

En nuestro paí­s, más de dos millones de familias, alrededor de 8,5 millones de personas se encuentran dentro del umbral de la pobreza, y de ellos, cerca de 1,5 millones de españoles, viven en la pobreza extrema.

La correlación entre los niveles de pobreza de un paí­s con los í­ndices de desarrollo del mismo, así­ como los fondos que se dedican a las polí­ticas sociales, es un hecho evidente.

En nuestro paí­s la mejora económica no ha supuesto un avance equivalente en la erradicación de la pobreza, sino que se ha precarizado la situación de diversos colectivos.

Los datos del INEM en el mes de septiembre de este año, aporta la cifra de 1.458.551 desempleados en nuestro paí­s; si tenemos en cuenta que el 45% de los parados no recibe ningún tipo de subsidio, y que el 55% de los perceptores reciben 54.000 pesetas mensuales, convierten a los desempleados en el grupo de población con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Si añadimos la precariedad que caracteriza el empleo en nuestro paí­s, empeorado por la última reforma laboral, unido a los presupuestos del INEM para el 2002, que margina la protección de los desempleados, el aumento de personas vulnerables aumenta considerablemente.

Junto a los desempleados, los pensionistas suponen el colectivo con mayor incidencia de pobreza. La cuantí­a mí­nima de las pensiones de jubilación durante el año 2001, está establecida en 73.550 pesetas cuando existe un cónyuge a cargo, las de incapacidad permanente está en 110.325 pesetas, siendo ésta la que recibe mayores ingresos. Si tenemos en cuenta que en muchos hogares la única fuente de ingresos es una exigua pensión, encontramos que existe un gran número de hogares que se encuentran en situación de pobreza.

Otros colectivos como la población inmigrante, regularizada o no, de la que no existen datos fiables, o las personas afectadas por VIH SIDA, a los que se ha recortado las pensiones de minusvalí­as "“ el 35% de los minusválidos por VIH han perdido las ayudas recibidas sobre la base del endurecimiento de los baremos utilizados- aumentan de forma dramática la población que vive en la pobreza.

En este contexto, el esfuerzo del Estado en protección social es a todas luces insuficiente y lo que es peor, no demuestra ningún interés en mejorar la situación.

España se encuentra en el penúltimo lugar de los paí­ses comunitarios en gastos de protección social, a más de 6 puntos de diferencia con respecto a la media. En un análisis basado en la información del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre las distintas aportaciones realizadas en los últimos años por las Administraciones en Servicios Sociales, éstas disminuyen de forma significativa, en contra de toda lógica.

Ante esta situación, que aumenta el riesgo de exclusión social de millones de personas, es inaceptable la desidia de la Administración a la hora de enfrentarse al problema. La elaboración de medidas sin adecuación presupuestaria, como ha sido el caso del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social presentado recientemente por el Gobierno del PP, evidencia el total desinterés para garantizar la atención y cobertura de servicios para los ciudadanos.

La exclusión social amenaza el progreso social y económico. Desde UGT sostenemos que es necesario el establecimiento de polí­ticas generales de lucha contra la exclusión, siendo imprescindible además la adopción de polí­ticas especí­ficas en todos los sectores: educación, formación, vivienda, sanidad, servicios y empleo.

Consideramos necesario que se establezcan las medidas oportunas sobre la convergencia de las polí­ticas y objetivos de protección social, que establece un ví­nculo entre las polí­ticas económicas y las polí­ticas de protección social, tal y como se define en el Consejo de Lisboa de marzo del 2000, estableciendo polí­ticas de cohesión social elaboradas dentro de un Plan Nacional de Inclusión Social y lucha contra la pobreza, dentro del cual y como eje fundamental ha de situarse la Ley Estatal de Rentas Mí­nimas.