La Sección Segunda de la Sala, con sede en Valladolid, reitera la argumentación esgrimida en la sentencia que el pasado mes de febrero anuló también el Plan de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2002-2010. Es decir, que también este plan de residuos es un Plan Regional de los regulados por la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, "que, sin embargo, se ha aprobado sin el cumplimiento de los requisitos sustantivos (art. 23) y procedimentales (art. 24)" establecidos en la Ley para la elaboración de los Planes Regionales, como son, en relación con estos últimos, el de información pública y de audiencia a las Administraciones Públicas [.], el informe de los municipios afectados por el Plan y el trámite ambiental aplicable [en este caso la Evaluación Estratégica Previa de su impacto ambiental]. Trámites todos ellos que son fundamentales [.] para que los ciudadanos tengan información y participación en un tema de especial importancia para ellos en cuanto afecta a la protección de la salud del hombre y medio ambiente".

Más allá de esta argumentación, el TSJ señala que "en relación con los aspectos sustantivos que también se omiten en el Plan de Residuos aquí­ impugnado [.] se encuentran los relativos a los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos". Por todo ello, el TSJ finaliza imponiendo de nuevo las costas a la Junta de Castilla y León, por su temeridad al negar el carácter de Plan Regional al que se refiere el Acuerdo impugnado, cuando ese carácter resulta de la propia normativa autonómica.

Este pronunciamiento se produce a pesar de que la Consejerí­a de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León decidió allanarse aceptando las pretensiones de Ecologistas en Acción, tras la sentencia anterior del TSJ que anuló el Plan Regional de Residuos Urbanos, con la pretensión de intentar evitar un nuevo pronunciamiento desfavorable del Tribunal y la condena en costas, objetivos que evidentemente no ha conseguido.

En el campo de las consecuencias, el alcance de está sentencia es sin duda mayor que el de la que anuló el Plan de Residuos Urbanos, ya que en Castilla y León no hay en estos momentos ningún vertedero de residuos industriales no peligrosos, aunque se tramitan varios proyectos. Así­, será muy difí­cil que se pueda aprobar ningún nuevo vertedero de residuos industriales en Castilla y León mientras no se redacte un nuevo Plan que los ampare, detallando su localización y naturaleza.

Llama también la atención el vací­o en que queda el vertedero de residuos peligrosos de Medina del Campo (Valladolid), construido bajo el paraguas del plan anulado, que también podrí­a afectar a los vertederos de residuos tóxicos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y San Esteban de Gormaz (Soria), los otros dos existentes en Castilla y León. Con esta nueva sentencia, queda aún más claro que la Consejerí­a de Medio Ambiente y el Gobierno autonómico actuaron al margen de la Ley, durante la época de la hoy Consejera de Cultura, Silvia Clemente y su actual equipo de Turismo, integrado por Jesús Rodrí­guez Romo y Jaime Fernández Orcajo, entonces titulares de Calidad Ambiental. De las iniciativas tomadas sobre residuos por ese equipo, tan sólo resiste la Ley de Infraestructuras de Residuos que permitió la reapertura del vertedero de Santovenia de Pisuerga en 2002, pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional.

Ecologistas en Acción vuelve a animar a los actuales responsables de la Consejerí­a de Medio Ambiente a que se desmarquen de la forma de hacer de sus predecesores, abriendo un proceso participado de elaboración de los nuevos Planes de Residuos Urbanos e Industriales. En ese sentido, hace dos semanas remitieron una carta a la Consejera de Medio Ambiente, Marí­a Jesús Ruiz, mostrando su disposición a mantener una reunión sobre esta materia, con el afán de colaborar en la resolución de la problemática situación planteada.