Durante 2003 la unidad II de Almaraz sufrió nada menos que cinco paradas automáticas no programadas, como consecuencia de otros tantos incidentes, además del incendio de un generador diesel que mantuvo a la planta parada 24 dí­as más de lo que se esperaba. Ante aquel incendio, la solución adoptada por los explotadores de la central y autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear consistió en sustituir el generador por otros, en una decisión muy criticada por la organizaciones ecologistas, esto redujo la parada necesaria de tres meses a esos 24 dí­as. Por esta serie de paradas, los propietarios de la central dejaron de ingresar 34 millones de euros en 2003.

La necesidad de enjugar estos malos resultados económicos y de incrementar las ganancias en el futuro ha llevado a los responsables de la central a realizar un expediente de regulación de empleo. La actual plantilla de Almaraz es de unas 800 personas y con este expediente de regulación de empleo se reducirá en unos 300 trabajadores, según ha podido saber Ecologistas en Acción.

La organización ecologista recuerda que, en la actualidad, las centrales de Almaraz I y II y la central de Trillo (Guadalajara) son gestionadas conjuntamente. La fusión de la gestión de las dos plantas nucleares, dio paso a una importante reducción de personal en la empresa explotadora de Trillo. En aquel momento, los gestores de la nueva sociedad Trillo-Almaraz afirmaron que esa regulación no iba a tener repercusión alguna sobre la seguridad nuclear porque la unión de las dos empresas conducí­a a un sistema común de gestión, que resultaba mucho más eficiente y que permití­a prescindir sobre todo de personal administrativo. Admitiendo estas explicaciones, cabe preguntarse ahora de qué tipo de personal se va a prescindir, si se supone que los sistemas de administración y gestión de la nueva empresa están ya optimizados al máximo.

Para Ecologistas en Acción, será la plantilla del personal de la operación cotidiana de la central junto con personal de mantenimiento quienes sufran la regulación de empleo y cesen en la plantilla. Las consecuencias negativas para la seguridad que esto puede tener son evidentes. La propia historia de la central lo muestra a las claras. El deficiente mantenimiento es clave para explicar el incendio del generador diesel de emergencia que se produjo el año pasado durante las pruebas que se realizaron durante la recarga. Lo mismo cabe decir de alguna de las paradas no programadas. La acción correcta para corregir este tipo de sucesos serí­a incrementar las actividades de vigilancia y mantenimiento. Sin embargo, los responsables de la gestión de la planta van a tomar la decisión opuesta y van a reducir plantilla. La única motivación para realizar esta reducción es económica a pesar de que, sin duda, la seguridad de la planta se va a ver menoscabada.

Según Ecologistas en Acción estos hechos van a tener repercusiones negativas que hay que añadir a los problemas que ya arrastra la central, algunos debidos a su avanzada edad. En todo caso, lo más sensato serí­a proceder ya a la elaboración de un calendario de cierre.