Tras la reciente cesión por parte del Ministerio de Fomento de la titularidad de la M-30 al Ayuntamiento de Madrid, fuentes del Gobierno municipal y autonómico vienen considerando que la M-30 es una ví­a urbana, "una calle dentro del casco urbano de Madrid". En esta circunstancia apoyan su intención de que la reforma de esta ví­a no sea sometida a evaluación de impacto ambiental.

Para Ecologistas en Acción claramente se está tratando de vender gato por liebre: ¿dónde están las aceras de esta "calle" que es la M-30, dónde los semáforos y los pasos de cebra que permiten el paso de peatones, dónde están las paradas de autobuses, es que está limitada la velocidad a 50 km/h como debe ocurrir en cualquier ví­a urbana?

Hay que recordar a los responsables municipales y autonómicos que el carácter de una ví­a no depende de quién ostenta su titularidad, sino de sus caracterí­sticas. La calle Leganitos no serí­a una carretera porque Fomento ostentase su titularidad, como la M-30 no deja de ser una autopista de alta capacidad y alta velocidad (más de 200.000 vehí­culos diarios en muchos tramos y velocidades máximas de 90 y 100 km/h) porque su gestión esté a cargo del Ayuntamiento.

Actualmente existe una normativa autonómica, aprobada en su dí­a por el propio Alberto Ruí­z Gallardón, que regula el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. No se puede permitir que a cada uno que le moleste esta normativa se busque los subterfugios adecuados para eludir o saltarse los procedimientos. A juicio de Ecologistas en Acción, eso es lo que está haciendo el alcalde de Madrid, auspiciado por la Comunidad de Madrid. No es la primera vez que sucede, el Ministerio de Fomento ya lo consiguió cuando obtuvo, del Ministerio de Medio Ambiente, la exención del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del túnel Atocha-Chamartí­n.

El proyecto de remodelación de la M-30, es complejo, además de requerir un debate más profundo sobre el modelo de movilidad para la ciudad, se trata de una obra de gran envergadura que va a afectar al rí­o Manzanares y a la zona de Dominio Público Hidráulico. Aspectos en los que la Comunidad de Madrid carece de competencias. El proyecto implicarí­a la disminución temporal de la sección del cauce del rí­o. Los ciudadanos y colectivos sociales tenemos derecho a aportar todas aquellas valoraciones que consideremos oportunas sobre el proyecto y proponer alternativas, algo que se nos está robando si el proyecto no se somete a información pública.

Para Ecologistas en Acción es injustificable que una obra de la magnitud de la prevista a lo largo de la M-30 no se someta a evaluación de impacto ambiental y, por tanto, a información pública. Para esta asociación ecologista, se está presentado una zanahoria a los ciudadanos -que se va a enterrar a los coches en el tramo del Manzanares- mientras se oculta la realidad del proyecto: la totalidad de la actuación incluye una enorme ampliación del viario bajo el subsuelo al tiempo que se mantiene en superficie la mayor parte de la infraestructura actual, lo que no hará sino incrementar los problemas asociados al excesivo tráfico de automóviles en Madrid.