La firma del convenio supone un reconocimiento a la labor que tradicionalmente las asociaciones de vecinos han desempeñado por garantizar la convivencia intercultural y una ocasión única para incorporar a la población inmigrante, asegurando un mí­nimo de cohesión que evite la fragmentación, la desigualdad y los conflictos individuales y grupales que, particularmente en algunos barrios de Madrid (Pan Bendito, San Cristóbal, Lavapiés...) tienen lugar.

La novedad de este programa reside en la creación de la figura del mediador vecinal, una figura próxima y accesible que da continuidad a la experiencia acumulada por las entidades vecinales en la integración de colectivos con problemas de marginación, como los miembros de la población gitana. En este sentido, si bien son muchas las asociaciones de vecinos que, hoy en dí­a, canalizan las demandas de la población inmigrante en materia de educación, sanidad, vivienda o trabajo, resulta a todas luces insuficiente dada la magnitud y la complejidad del flujo migratorio, que durante los cuatro últimos años ha incrementado en un 330,20 el porcentaje de inmigrantes en Madrid capital. Así­ las cosas, resulta necesario optimizar la labor hasta ahora desarrollada profesionalizando la figura del mediador vecinal que, conociendo las peculiaridades de cada barrio, identificará los recursos de apoyo existentes y coordinará su actividad con los agentes sociales del territorio (asociaciones de padres y madres de alumnos, profesores, parroquias...) para planificar programas participativos que incluyan tanto actuaciones para los vecinos autóctonos, como para los nuevos vecinos inmigrantes. El programa no pretende plantear soluciones sino quebrar tópicos y falsos discursos y acercar posiciones, creando un ambiente de cooperación y ayuda mutua para que sean las propias partes en conflicto quienes generen las soluciones a sus problemas de convivencia y se unan en la resolución de las reivindicaciones colectivas que, en tanto vecinos del mismo territorio, comparten. Porque los inmigrantes padecen con los vecinos autóctonos muchos de los problemas que centran la labor del movimiento ciudadano organizado, como la dificultad de acceso a una vivienda digna, la precarización de la calidad de la educación y la sanidad pública, la escasez de zonas verdes y espacios públicos...