Al producirse una respuesta que puede ser calificada de guerra, lucha o conflicto armado internacional, o en su caso de una posible ocupación del territorio de Afganistán, se deben aplicar plenamente las normas de Derecho Internacional Humanitario (DIH) a las personas protegidas, en todas las circunstancias y sin distinción alguna basada en la naturaleza o el origen del conflicto.

En los últimos 25 años las guerras en todo el mundo han ocasionado miles de ví­ctimas mortales y un número mayor de desplazados internos y refugiados, produciendo a su vez inestabilidad en los paí­ses vecinos al afectado por el conflicto, según se recoge en recientes ediciones del Informe Mundial de Desastres, publicado anualmente por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Está demostrado que la población civil es una de las principales ví­ctimas de estos conflictos, de ahí­ que su protección sea una de las prioridades en caso de enfrentamientos armados, tanto en conflictos internacionales como en conflictos armados internos.

Si se analizan los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, se deduce inequí­vocamente que los actos terroristas (es decir, el empleo de la violencia indiscriminada para aterrorizar a la población civil) están prohibidos en toda circunstancia, terminantemente y sin excepción.

Protección de las ví­ctimas

Desde el inicio del conflicto armado el pasado 7 de octubre, se activan los mecanismos para la protección de las ví­ctimas, legitimándose así­ la actuación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyo ofrecimiento de servicios no puede nunca ser considerado como injerencia en el conflicto. El CICR debe tener acceso rápido y sin obstáculos para asistir a la población civil con acciones de socorro y estar presente para proteger a las ví­ctimas de un conflicto.

En todo caso, los Estados deben respetar y hacer respetar las normas protectoras de los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y población civil, bienes culturales y medio ambiente natural. Particularmente, deben cumplirse las normas sobre la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades, haciendo siempre distinción entre la población civil y los combatientes, y entre los bienes de carácter civil y los objetivos militares. En especial, están prohibidos los ataques indiscriminados, y la acción bélica debe estar presidida por el principio de proporcionalidad, sin que pueda afectar a los bienes indispensables para la supervivencia de las personas civiles.

Búsqueda de la paz

Con motivo del cincuentenario de los Convenios de Ginebra (1999), las Naciones Unidas hicieron un llamamiento a todos los pueblos, naciones y gobiernos para que rechacen la idea de que la guerra es inevitable y combatan sus raí­ces. Este esfuerzo por la paz no es ajeno a la actuación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyo primer principio fundamental es el de Humanidad, caracterizado tanto por la prevención y alivio del sufrimiento humano en todas las circunstancias como por el favorecimiento de la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.

La lucha contra las causas de la guerra, a través de la cooperación entre las Naciones, el respeto de los Derechos Humanos y la distribución equitativa de los recursos para atender las necesidades de los pueblos menos favorecidos, se complementa con los esfuerzos para crear una barrera eficaz contra la impunidad de los delitos, apoyando un sistema penal internacional para el enjuiciamiento de los crí­menes de lesa humanidad y de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, que sirva eficazmente para prevenir la comisión de los crí­menes de mayor trascendencia para la comunidad internacional.