Hay compañeras que llevan 17 años trabajando en la Casa de Acogida de Granada para distintas entidades u organizaciones: Fundación Solidaridad Democrática, CAVE, Asociación para la Igualdad y la Solidaridad, SEGRAMAAL, S. COOP. AND. y, por último, Andaluza de Gestión de Servicios Especializados, AGISE, S. L.

El cambio de organización o empresa ha supuesto la merma de los derechos de las trabajadoras. Así­ con el paso de Solidaridad Democrática a CAVE, las trabajadoras tuvieron que optar entre renunciar a la fijeza en sus contratos y la antigí¼edad o ir a engrosar las listas del paro. En CAVE las jornadas laborales eran de 37 horas y media a la semana de lunes a viernes, habí­a personal contratado para cubrir los fines de semana. Con AIS se mantienen los contratos de obra y servicio anuales, la administración plantea a las trabajadoras la renuncia nuevamente de otros derechos laborales, la jornada de amplia a 40 horas semanales de lunes a domingo, con el fin de hacer un esfuerzo y con el tiempo constituirse todas las trabajadoras en cooperativa para optar, en su dí­a, a la concesión del servicio público de acogimiento y atención a ví­ctimas de malos tratos. Hasta este momento se funcionaba con subvenciones. La cooperativa SEGRAMAAL se crea en julio de 1998 por cuatro personas, optan al concurso público convocado por el Instituto Andaluz de la Mujer para la concesión del servicio público, atribuyéndoselo en septiembre de 1998 hasta 31 de enero de 1999, con la posibilidad de prorrogarlo anualmente hasta un máximo de 75 años. En agosto de 2003, se cede este servicio a la Sociedad Limitada AGISE.

Cabe señalar que en cada una de estas entidades o asociaciones u organismos, la delegación, administración o gerencia, según el caso, ha recaí­do siempre en la misma persona, D. Alberto Arnaldo Arnaldo.

Con lo expresado queda patente la cesión de derechos bajo el engaño y la lógica presión de acatar lo ofrecido o quedarse sin trabajo. En toda esta trayectoria se producen los siguientes casos:

– El despido de una compañera a 31 de enero de 1999, bajo la cobertura de fin de contrato, quien llevaba trabajando en el centro desde el comienzo en el año 1987, la que fue readmitida.

– A mediados de enero de 2001 otra compañera da a luz y comienza su baja maternal, a dí­a 31 de enero se termina su contrato, quedándose en la calle, con la promesa verbal de la gerencia de la su readmisión cuando finalice la baja, tres meses y medio después, en los que existe una carencia de cotización en la Seguridad Social, pese a que llevaba trabajando en la Casa de Acogida desde hací­a 10 años.

– Similar situación le ocurre a otra compañera, que tuvo un accidente laboral a finales del año2000, su recuperación no se produce hasta julio de 2001, por ello a 31 de enero de 2001 se termina su contrato, teniendo igualmente una carencia de cotización en la Seguridad Social, esta trabajadoras también prestaba sus servicios desde el inicio. B) Dada la precaria situación laboral de las trabajadoras, la única opción que queda a las trabajadoras es la negociación de un Convenio.

La empresa SEGRAMAAL desde el inicio se mostró reacia a que participase en la negociación los sindicatos. A finales de enero de 2003 aprovechando la conyuntura del fin de contrato de obra y servicio que terminaba el dí­a 31, se reúnen las delegadas de las trabajadoras de Jaén, Almerí­a, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, es decir todas excepto Granada, que no es convocada. En febrero esas siete delegadas y la empresa, con una eficacia inusitada, constituyen la mesa de negociación, \"negocian\" y firman el convenio redactado por la empresa.

Puesto que la delegada de Granada no fue llamada a la constitución de la mesa y negociación del Convenio, nos negamos a asumirlo y se interpone la correspondiente demanda ante los órganos judiciales impugnado el Convenio para que nos se aplique en esta provincia, que no para las demás provincias, cuya decisión respetamos, aún a sabiendas de que algunas delegadas firmaron en contra de la voluntad manifestada en asamblea por mayorí­a.

En cuanto al Convenio, una vez tuvimos acceso al mismo tras la publicación, comprobamos que estaba por debajo del Estatuto de los Trabajadores, aunque se alegue por los firmantes del mismo que es pionero. No entramos en detalles, es fácil de prever a quién favorece dado que fue la empresa la que lo redactó. Lo esencial es que el Convenio no vincula a Granada, porque no participa, al no haber sido convocada, en la mesa de negociación y consecuentemente en su firma.

A partir de la firma del Convenio en febrero de 2003, bajo la consigna de que habí­a sido acatado por la mayorí­a de las delegadas (las siete participantes), tratan de imponerlo a la plantilla de Granada, con las siguientes actuaciones:

– Cambios de horarios aplicando la normativa del Convenio, turnos por otra parte imposibles de realizar, que contravienen los principios mí­nimos de conciliación de la vida familiar y laboral.

– Negativa a la concesión de dí­as de asuntos propios.

– Impiden los cambios de turnos.

– Se niega la formación.

– Cambia la dinámica de trabajo, desaparecen las reuniones de equipo, las decisiones son tomadas unilateralmente por la Dirección del Centro, impidiendo el trabajo multidisciplinar del Equipo.

– La dirección trata de poner a las mujeres acogidas en contra de las trabajadoras, haciéndoles firmar escritos por el que manifiestan lo malas profesionales que son y el mal trato recibido.

– Cambios de despachos con el fin de aislar a las trabajadoras.

– Persecución sindical, en connivencia con las delegadas de algunas provincias y de UGT, convocan nuevas elecciones para quitar a la actual delegada de CC.OO.

En este devenir el mes de mayo se reconoce por la Inspección de Trabajo, la fijeza del personal contratado anualmente (contratos de obra y servicio). Esto provoca que la empresa SEGRAMAAL, se constituya como socio único de la sociedad limitada AGISE, a la que se le cede el servicio a partir del 1 de agosto de 2003, esta empresa modifica los contratos de parte del personal, eso sí­ menos de la mitad de sus trabajadoras, siendo su situación desde ese momento de indefinida.

En septiembre de 2003 se despide a la psicóloga de Granada, el que ha sido decretado nulo por el Juzgado de los Social número cinco, haciendo suyo el Informe de la Inspección de Trabajo reconoce la nulidad de las cláusulas temporales de los contratos de obra y servicio, que hasta febrero de 2003 vení­amos firmando.

Por parte de las delegadas de algunas provincias, promovido por la propia empresa, se redactan escritos que firman la mayorí­a de las trabajadoras de todas las provincias, en contra de las revindicaciones de Granada y de nuestro modo de actuar, aún no teniendo conocimiento de cual es nuestro planteamiento. Aquellas trabajadoras que antes de firmar en contra nuestra manifiestan su lógica inquietud por conocer la versión de las trabajadoras de Granada o las que se posicionan a nuestro favor, son despedidas, casos de Granada, Jaén y Huelva, nuevamente bajo la cobertura de fin de contrato a 31 de enero de 2004.

En el Centro de Emergencias de Granada, abierto por primera vez a 1 de febrero de 2003, se despiden a tres compañeras, a las que la dirección de la empresa ya habí­a amenazado en su momento, si tomaban parte de las revindicaciones de las compañeras de la Casa de Acogida, pues las conocí­an por haber hecho sustituciones durante años en la misma. De hecho se vieron compelidas a asumir el Convenio a la firma del contrato laboral con la empresa.

Todos estos no son más que meros ejemplos de la polí­tica de acoso que lleva a cabo la empresa gestora y de que cumplen sus amenazas si no se acatan sus decisiones.

Antes de comenzar las movilizaciones se ha tratado por todos los medios dialogar, primero con la empresa, que en marzo de 2003 se negó rotundamente a cualquier tipo de negociación y después a las instituciones, entre ellas el Instituto Andaluz de la Mujer, a cuya coordinadora provincial le expusimos nuestra problemática en la creencia de que acudí­amos a \"nuestra casa\", no sólo como trabajadoras de un servicio público propio de esta Institución, sino también como mujeres, sin embargo nuestra sorpresa fue que se nos cerraron todas las puertas, posicionándose a favor de la empresa.

Llama poderosamente la atención que el IAM como agente de igualdad y, por consiguiente, garante de los derechos de las mujeres se muestre tan poco sensible con nuestro conflicto.

Desde el dí­a 16 de febrero nos encontramos en huelga, la empresa aduce que no le ha sido notificada, lo que es totalmente incierto, la comunicación de huelga se efectuó en tiempo y forma, no sólo a la misma, sino también a las Administraciones competentes.

La prepotencia de la empresa le ha llevado a manifestar que el 54 % de la plantilla de Granada no está en huelga y por tanto aún habiéndole ofertado los servicios mí­nimos los han rehusado.

Con ese ficticio 54 % han firmado un documento por el que alegan que son mayorí­a y que acatan el Convenio de la empresa, el que como se ha dicho anteriormente está impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucí­a. Ese 54 % lo conforman una socia de la empresa SEGRAMAAL y por consiguiente de AGISE, dos cargos directivos de la empresa, la sustituta de la psicóloga cuyo despido fue decretado nulo y será readmitida una vez tenga el alta médica, las tres personas contratadas para sustituir a las tres compañeras del Centro de Emergencias despedidas. Aún contando a esas personas, nosotras somos 12 y ellas 11, está claro de que lado recae la mayorí­a.

Además una de las trabajadoras se arroga la categorí­a de delegada, un ejemplo más de la actividad antisindical desplegada contra la legí­tima delegada de Granada.

La Dirección de los Centros está manipulando a las usuarias, han trasladado a familias a otras provincias, bajo excusas tan peregrinas como traslados técnicos.

Tenemos constancia de que la prensa está siendo amenazada para que no salgamos a la luz pública, se nos están poniendo trabas para que no se haga eco de nuestra causa.

En definitiva, lo que comenzó siendo una reivindicación laboral menor, como era la estabilidad laboral, ha devenido en una lucha por la dignidad de las trabajadoras y es esto lo que hoy exigimos.

La empresa gestora de un servicio público esencial y con una causa tan noble como es la atención a ví­ctimas de malos tratos no puede ser verdugo de sus trabajadoras. La privatización de los servicios públicos está llevando a sus trabajadoras a unas condiciones laborales indignas, la Administración abaratando costes, subcontrata a empresas surgidas de lo precario, ignorando la situación del personal contratado por ellas.

El INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER, como autor de la concesión del servicio público de los Centros de Acogida y por tanto responsable último de las mismas, debe de garantizar que las empresas contratantes cumplan con los principios básicos de las trabajadoras, no puede ser cerrar los ojos y ser cómplice de estas empresas, por lo que le exigimos que asuma el servicio de atención y acogimiento de las ví­ctimas de malos tratos, para la dignificación del mismo.