Ante la decisión adoptada por Renault Vehí­culos Industriales (RVI) de cerrar su centro de Villaverde (Madrid) con el objetivo de trasladar la producción de camiones pesados a una planta francesa, la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. traslada su rotundo rechazo a una medida que carece de lógica industrial y que incorpora el despido de casi 600 trabajadores y trabajadoras.

La planta que la multinacional sueca AB Volvo tiene en Madrid ha venido cubriendo todos los requisitos industriales, económicos y laborales (productividad, calidad del producto y de la mano de obra, flexibilidad, rentabilidad) para conseguir la eficacia empresarial durante los últimos años, por lo que esta decisión más que enmarcarse en un \’plan de futuro\’, como argumenta la dirección del grupo, persigue el aprovechar los beneficios financieros derivados de la especulación inmobiliaria.

La Federación Minerometalúrgica de CC.OO. realizará todos los esfuerzos para evitar que la decisión de RVI se haga efectiva, mostrando su disposición para abrir un proceso donde acometer todas las medidas necesarias que conduzcan a la continuidad de la planta de Villaverde y la salvaguarda de todos los puestos de trabajo. El sindicato exigirá a la empresa que clarifique los motivos reales de su decisión y, si la misma incorpora proyectos de innovación tecnológica, deben ir acompañados de mantenimiento de empleo en cantidad y calidad.

Con esta actitud, no sólo se abunda en la pérdida permanente de empleo y actividad industrial sino que se incorpora al clima de \’esquizofrenia empresarial\’ que se viene produciendo en nuestro paí­s durante los últimos años y ante lo que ninguna administración, sea local o central, está intentando poner freno.

Todo ello exige la toma de posiciones relacionadas con iniciativas de regulación de los procesos de reestructuración empresarial, tanto en la Comunidad Autónoma de Madrid, como en el resto del paí­s, dirigidas hacia la defensa y reforzamiento del tejido industrial. La FM de CC.OO. considera imprescindible la actuación inmediata de los gobiernos autonómicos y central, además de la intervención del comité de empresa europeo en este caso concreto, al tratarse de una deslocalización de la producción.