Hace 28 años el golpe militar que colocó a las Fuerzas Armadas al frente del gobierno, fue la herramienta elegida por el poder para dar continuidad a la represión organizada -en el marco de la proliferación de otras dictaduras militares instaladas en América Latina de la mano de Estados Unidos- y sentar las bases de un modelo de exclusión que habrí­a de someter a la gran mayorí­a de la sociedad al hambre y la miseria.

Esa represión, ejercida a través del Terrorismo de Estado, dejó un saldo de treinta mil desaparecidos incorporando al testimonio y memoria de nuestra sociedad la figura del detenido-desaparecido ligada, indefectiblemente, al secuestro, la tortura y el asesinato de miles de hombres y mujeres que luchaban por una sociedad más justa.

En esa desaparición masiva fueron arrancados de sus lugares de trabajo, de las calles y de sus hogares, militantes, trabajadores, estudiantes; jóvenes, adultos y niños.

Fue un genocidio. Y ese genocidio, planificado y ejercido desde el Estado, amparado en la más absoluta impunidad, fue la condición necesaria de otro genocidio planificado que vulnerarí­a los derechos más elementales de las personas: el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la justicia. El derecho a tener derechos y ejercerlos. El derecho a una vida digna.

Fue así­ que, en el marco de un acelerado proceso de concentración económica y una inequitativa distribución de la riqueza, la mayorí­a de la población fue la variable de ajuste de un sistema profundamente inhumano.

Los trabajadores de prensa no han sido -ni son- ajenos a las consecuencias de ese estado de cosas. En el saldo de muertes y de los treinta mil desaparecidos que dejó la larga noche de la dictadura, más de cien fueron los periodistas y trabajadores de prensa secuestrados y asesinados. Hombres y mujeres que, lejos de una concepción corporativa de su profesión, lucharon por construir un mundo mejor.

Por eso la UTPBA sumó desde siempre su lucha a la lucha del conjunto de las organizaciones que entendieron desde un principio que la impunidad decidida a consagrar la injusticia serí­a la garantí­a de más impunidad, de otros crí­menes y de otras aberraciones contra el ser humano.

Por eso la UTPBA -junto a la CTA- sumó su denuncia, trascendiendo las fronteras del paí­s, en los juicios que se llevan a cabo a nivel internacional tal como lo habí­a hecho en los juicios por la verdad desarrollados en nuestro paí­s. Siempre para exigir no sólo el enjuiciamiento, sino -también- la condena.

La continuidad de las condiciones de impunidad llevaron a que la UTPBA elevara su reclamo por el esclarecimiento de otros crí­menes -el atentado a la Embajada de Israel, la Amia, los crí­menes del
– gatillo fácil-, o en el caso de nuestro gremio frente a los asesinatos de Mario Bonino y José Luis Cabezas- haciendo oir su voz en todas aquellas expresiones de lucha tendientes a saldar una hasta ahora permanente deuda de la sociedad argentina: la justicia.

Por eso no bastaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -hoy anuladas-, los indultos y todos los intentos que apuntaron a barrer con la memoria. Porque la memoria es más que un derecho y un deber de las sociedades; constituye un ejercicio que muchas organizaciones -entre ellas la nuestra- decidimos poner en práctica junto con los Organismos de Derechos Humanos que, como las Madres, las Abuelas, los Familiares de los Desaparecidos, y hoy los Hijos, representan el conmovedor testimonio de una lucha incansable por la Verdad, la Justicia y un mundo mejor.