Hasta que nos alcanza la memoria a los mayores de treinta años, recordamos en nuestra infancia o juventud haber oí­do en los informativos de la época, noticias sobre un banquero o empresario que habí­a sido detenido por la policí­a acusado del delito de "tráfico de divisas". Dicho delito consistí­a en sacar capitales del paí­s para ingresarlos en cuentas bancarias de paí­ses con una legislación relajada en cuanto a investigar la procedencia de dicho dinero y con unas leyes rí­gidas en lo referente al secreto bancario. El objetivo que perseguí­a el delincuente con esta práctica era evadir estas sumas de capital del pago al fisco y guardar unos ahorros lejos de la mano de la justicia para el caso en que los negocios marchasen mal.

Efectivamente, hasta los años ochenta en los que se inició la desregulación de los mercados financieros con el advenimiento del neoliberalismo, el tráfico de divisas fue un delito muy severo. No en vano, retraí­a enormes beneficios económicos nacionales hacia los llamados "paraí­sos fiscales". Pero quizá el daño mayor se lo hací­a al contrato social que ordenaba la sociedad. Los beneficios económicos empresariales evadidos normalmente habí­an sido obtenidos gracias al apretón de cinturón de los trabajadores, que habí­an visto congelado su salario, con la esperanza de que los beneficios fueran reinvertidos en la empresa. Además, estas importantes sumas de dinero no contribuí­an a la hacienda pública, mermando los recursos del Estado que incrementaba su déficit y dañando gravemente la distribución de la riqueza entre toda la sociedad.

Desde que se aplicaron las polí­ticas neoliberales de libertad de circulación de capitales y desregulación de las prácticas financieras, este delito dejó de existir. El dinero puede evadirse ahora del paí­s sin obstáculo alguno. Cualquier Estado que imponga restricciones del algún tipo será sancionado por las autoridades económicas internacionales como el FMI. Sólo se ha conservado una frontera y es la que protege a los capitales evadidos en el interior de los "paraí­sos fiscales". Una vez que el dinero ha cruzado estas fronteras ningún Estado tiene derecho a reclamarlo. Ni siquiera el largo brazo de la justicia tiene potestad para intervenir o investigar estos capitales. Como el lector podrá imaginar esto ha favorecido el que traficantes de armas, contrabandistas de todo pelaje y empresarios corruptos hayan empleado sus cuentas bancarias en los "paraí­sos fiscales" como auténticos lavaderos de dinero negro.

ATTAC está llevando a cabo una campaña internacional que denuncia todo este entramado financiero en el que tienen responsabilidades tanto los bancos que abren sucursales en estos Estados de cartón piedra, como sus clientes y las autoridades polí­ticas nacionales e internacionales que permiten este tipo de prácticas, cada vez más habituales, como se ha desvelado en los más importantes y recientes escándalos financieros (ENRON, Parmalat, BBVA, etc.). Todo esto no es mas que la punta de iceberg de un modelo globalizador que los grandes poderes económicos y polí­ticos pretenden imponernos. La postura de ATTAC es clara y reclama como única realidad que "otro mundo es posible". Si quiere unirse a ATTAC en la denuncia de esta situación puede colaborar activamente en la campaña o firmar en contra de los "paraí­sos fiscales" en: www.attacmadrid.org