Además los ecologistas pudieron comprobar y documentar la instalación reciente de aspersores en la presa de Arrocampo que refrigera la Central Nuclear, de lo que consideran la central no ha informado adecuadamente..

El CSN autorizó el 26 de Noviembre el aumento de potencia de la unidad II, a lo que los ecologistas han manifestado su oposición. Recientemente se han instalado estos aspersores que supuestamente pretenden solventar los problemas de refrigeración que aquejan a las aguas esenciales de la planta y justificar el aumento de potencia.

Los ecologistas temen que con estas inversiones, de en torno a 800 millones de pesetas según sus fuentes, y que son una cantidad irrelevante para el dinero que obtienen las empresas eléctricas con su funcionamiento diario, pretendan justificar el alargamiento de su vida útil. Según informan los ecologistas la idea inicial de la planta era instalar unas torres de refrigeración de costo mucho más elevado en torno a 5000 millones que finalmente se desechó, los ecologistas también se oponen a esta opción ya que lo que consideran inadmisible es la autorización este aumento de potencia, para una central cuyos sistemas de refrigeración se encuentran en entredicho y motivaron una sanción a la planta.

Además desde este colectivo avisan del riesgo de modificación del microclima y de contaminación de partí­culas radioactivas presentes en el agua, que pueden ser arrastradas por el aire, especialmente grave si se tiene en cuenta que están muy próximas a una cañada real y a la Nacional V. Critican que los aspersores y sus tuberí­as están asentadas sobre los muros diseñados para las separaciones de las pantallas térmicas, y no para el nuevo uso que les están dando.

Para Ecologistas en Acción la gran cantidad de modificaciones que ha sufrido la planta demuestran sus múltiples problemas de diseño y el riesgo al que se somete a la población al seguir en funcionamiento una central diseñada para funcionar un plazo más breve y con una potencia menor de la que actualmente desarrolla.

Solicitan a la Junta de Extremadura que ha manifestado su intención de ir tomando medidas para conseguir su cierre en 2010, que compruebe la legalidad de estas obras y las sancione en caso de no ser legales, ya que podrí­an necesitar un estudio de impacto ambiental.