CC.OO. considera que el presupuesto del INEM presentado para el 2002 no tiene credibilidad en las cifras y provoca una fuerte preocupación por el futuro de las prestaciones económicas por desempleo. La recaudación prevista oficialmente para las cuotas sociales reflejan un ritmo de actividad económica muy inferior al del actual ejercicio, llegando incluso a indicar destrucciones de puestos de trabajo. Sin embargo, la dotación fijada para el gasto en prestaciones sólo se puede cumplir en un escenario de creación de empleo.

Con las cifra presentadas, el presupuesto del INEM contempla un saldo equilibrado al realizar una desagregación entre los distintos tipos de polí­ticas, que de cumplirse las cifras oficiales, con la recaudación obtenida por la cuota por desempleo pagada por los trabajadores ocupados, se pagarí­an todas las prestaciones por desempleo y se obtendrí­a un excedente de 542.000 millones de pesetas ( 3.258 millones de euros). Con el excedente logrado con las cotizaciones no utilizadas para pago de prestaciones, se podrán pagar todas las polí­ticas de fomento de empleo, escuelas taller, gastos de funcionamiento e inversiones.
Por otro lado, la cuota de formación pagada por los trabajadores ocupados junto con la aportación realizada por el Fondo Social Europeo, son suficientes para asumir el total de obligaciones creadas por las polí­ticas formativas.

De esta forma, los trabajadores ocupados con sus aportaciones asumen í­ntegramente todas las polí­ticas dirigidas a las personas en desempleo, ya sean de cobertura económica como de fomento de empleo, lo que implica que el presupuesto presentado desliga al resto de la sociedad de sus obligaciones con las personas con mayores dificultades, las que están sin trabajo remunerado.

Mientras los responsables del Gobierno justifican su actuación en que a falta de un modelo de financiación estable del sistema de prestaciones económicas por desempleo, se permite destinar las cuotas sociales a otros destinos (modificación del artí­culo 208 de la Ley General de la Seguridad Social), CC.OO. opina que lo permite, pero no le obliga, y que ante las carencias existentes en cobertura al los trabajadores en paro de larga duración con cargas familiares y sin rentas alternativas o en polí­ticas de fomento del empleo, el Estado a través de los impuestos generales, deberí­a realizar aportaciones financieras para poder afrontar estas ampliaciones y de paso incorporar al conjunto de la sociedad en éstas polí­ticas.

Para CC.OO., la opción elegida por el Gobierno elude la necesidad de mejorar los niveles de protección de las personas en desempleo. Así­, desde un planteamiento que conjuga un cierto desprecio por las personas perceptoras de esta prestación, con un visión estrictamente contable de la polí­tica, persigue el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas sin importarle los medios utilizados o las consecuencias creadas con su decisiones.

En una coyuntura económica de caí­da en el crecimiento económico, una opción nada desdeñable, de incluso profundizarse en las circunstancias actuales, solo se podrí­a cumplir el presupuesto de prestaciones económicas por desempleo propuesto por el Gobierno, acometiendo un recorte de los actuales derechos o, en su defecto, asumiendo una elevada desviación en el gasto en ese capí­tulo. Una opción ésta última, a juicio de CC.OO., mucho más justa, que conlleva de forma complementaria modificar la nula aportación del Estado al presupuesto del INEM, convirtiéndola en una transferencia positiva de recursos financieros