La oposición a la financiación de este proyecto por los servicios de medio ambiente, debido al incumplimiento de la normativa comunitaria, su inviabilidad económica, y las graves consecuencias ambientales, viene a dar la razón a las múltiples quejas comunitarias planteadas por Ecologistas en Acción y otras organizaciones contra el trasvase del Ebro y el PHN.

Esta posición de la D. G. de Medio Ambiente, se basa fundamentalmente en las importantes irregularidades que los expertos de los sectores que se oponen al trasvase del Ebro, entre ellos Ecologistas en Acción, pusieron en evidencia en la reunión técnica de expertos celebrada a mediados de octubre del pasado año en Bruselas con expertos del Gobierno español y del Gobierno de Aragón ante la presencia de la Comisión Europea. El informe realizado por la Comisión Europea de aquella reunión ya recogió la existencia de muchas incertidumbres y falta de estimaciones y valoraciones adecuadas en el proyecto del trasvase, así­ como los riesgos ambientales que este conlleva.

Además, como la Dirección General de Medio Ambiente ahora reconoce, se trata de un trasvase económicamente inviable, ya que ni siquiera se han estimado todos los costes, se han sobrestimado los beneficios, y no se ha establecido la estructura de los precios del agua para los diferentes usos. Este último punto es de suma importancia, ya que según la Comisión Europea el coste del trasvase deberá reflejarse en el precio del agua (lo cual podrí­a suponer una importante reducción de consumo no estimada), mientras que el Gobierno español está prometiendo a los agricultores y usuarios que no tendrán que pagar más cara el agua trasvasada.