Mientras, en paralelo, se ha incrementado el gasto privado en algunos bienes esenciales, como la sanidad, la educación o ciertos servicios sociales. UGT solicita aumentar los recursos públicos destinados a desarrollar servicios sociales de atención a personas dependientes en general (niños, personas mayores, enfermos y personas con discapacidad) y ajustar la oferta de recursos e infraestructuras con las necesidades y demandas que tengan los trabajadores. Sólo así­ lograremos limar el diferencial social con Europa.

Desde que gobierna el Partido Popular el gasto social en nuestro paí­s no ha dejado de caer con relación al PIB: de 1995 a 2000 se redujo en 2 puntos del PIB, el doble que en el conjunto de la UE (además, en 2000 la diferencia de gasto respecto a la UE fue de 7,2 puntos del PIB, la mayor que se conoce en 20 años). Una situación que lejos de corregirse se mantiene. El resultado es que cada vez se destinan menos recursos públicos al bienestar de los españoles.

No puede existir progreso social alguno, cuando en un paí­s con una renta per capita equivalente al 83% de la media europea, su gasto social público por persona sólo equivale al 60% de la media de la UE. Esta diferencia social con respecto a los paí­ses de nuestro entorno es especialmente significativa en las funciones de gasto más importantes. Así­, en sanidad nuestro gasto por habitante sólo supone el 70% de la media comunitaria; en pensiones y otros servicios sociales, destinados a los mayores de 65 años, el gasto no llega ni al 60% de la media comunitaria; y en prestaciones familiares ocupamos el último lugar de la UE. La única función de gasto que supera la media europea es, evidentemente, el desempleo, ya que nuestra tasa de paro es superior en más de un 40%.

Paralelamente, a la congelación o reducción del gasto público (que conlleva un deterioro en la calidad de los servicios públicos) se han emprendido diversos procesos de privatización en la gestión de servicios esenciales. Esta degradación de lo público, revierte en el bienestar de los ciudadanos y fomenta la fragmentación de la sociedad en función del dinero que se tenga.

Además, con la excusa de que existen amplias competencias autonómicas en materia de bienestar, el Gobierno desatiende su obligación de armonizar polí­ticas sociales que eviten diferencias en función de donde se viva. No se emprenden polí­ticas, por ejemplo, de lucha contra la exclusión social, mediante una garantí­a de rentas mí­nimas o la protección de las personas dependientes mediante servicios sociales accesibles y de calidad. Así­, el proceso de descentralización total de la sanidad y los servicios sociales y la modificación de su sistema de financiación, por la forma y condiciones en que se ha hecho, puede implicar riesgos evidentes de desequilibrios en los recursos, ineficiencia en la gestión y, sobre todo, riesgos de inequidad, si no se garantiza la igualdad de acceso de todos los ciudadanos.

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http://www.ugt.es/comunicados/2004/marzo/COMPRE040310.htm