El Gobierno del PP ha apostado por un modelo productivo miope, basado en el hoy pero no en el mañana.

La productividad ha caí­do más aún repecto a nuestro competidores; el rotundo fracaso de la polí­tica tecnológica ha supuesto la consolidación del déficit en I+D que mantiene España respecto a la media europea; la formación y el capital humano han sido desatendidos, reduciendose el gasto en educación que se sitúa a la cola de la UE; la intensidad inversora no ha sido la suficiente; y la ausencia de una polí­tica industrial ha acentuado la pérdida de competitividad.

En lugar de aprovechar el crecimiento económico, el Gobierno ha impuesto una visión empresarial de cortas miras: obtener beneficios a costa de los trabajadores. Bajo su legislatura se han instaurado los empleos precarios y temporales, los bajos salarios, las privatizaciones indiscriminadas; y la polí­tica económica de dejar hacer al mercado. Un modelo con pies de barro que lastra nuestra competitividad y está generando importantes déficits sociales.

– La productividad, ya deficiente, ha caí­do respecto a nuestros competidores

Uno de los problemas más graves de nuestra economí­a se refiere a los bajos niveles de productividad. Una cuestión de gran calado porque de ella se derivan en parte otros factores: el retraso en el grado de desarrollo social, en el nivel de vida y en la capacidad competitiva de la economí­a española.

España mantiene una posición muy desfavorable en materia de productividad por hora trabajada y ocupa uno de los últimos lugares de la UE, 20 puntos por debajo de los paí­ses de la eurozona y más de 30 puntos inferior a la de Estados Unidos, Francia, Italia u Holanda (Gráfico 1). En 1994 la diferencia era entre doce y quince puntos menor pero a mediados de los 90 se disparó.

La OCDE señala que la ralentización de la productividad en España se ha visto acentuada "por la concentración de creación de empleo en sectores menos productivos" y calcula que esto ha aminorado el crecimiento de la misma en un promedio de 0,2 puntos por año. Una situación que de persistir durante más tiempo pondrí­a en peligro la convergencia real con los demás paí­ses europeos.

La polí­tica económica aplicada por el Partido Popular acentúa la especialización de la economí­a española en sectores de bajo valor añadido, precisamente donde se sitúa el mayor porcentaje de empleo temporal y precario y desatiende el sector industrial que debe ser el motor de nuestra economí­a. Esta especialización, según la OCDE puede relacionarse con la insuficiente incorporación de nuevas tecnologí­as.

– La polí­tica tecnológica sigue manteniendo un déficit considerable con la media europea

En seis años el esfuerzo en I+D no ha mejorado más que en una miserable décima del PIB. Así­, la distancia con la media europea no se ha acortado (Gráfico 2), continuamos destinando la mitad del promedio de la UE (bastante más bajo que el de Estados Unidos o Japón) y seguimos siendo el último paí­s en esta materia.

Estos datos contrastan con otro: somos el paí­s de la UE que destina mayor proporción de su gasto en I+D a fines militares. Si excluimos este gasto el esfuerzo nacional en I+D es el más bajo de la UE y la distancia con el promedio europeo se multiplica casi por tres.

– Otra de las causas de la insuficiente competitividad de la economí­a española es el bajo nivel de formación y desarrollo del capital humano.

Sólo 2 de cada 10 jóvenes entre 25 y 34 años obtienen estudios secundarios frente a 5 de cada 10 en la UE. A esta situación hay que añadir otro problema, el desajuste entre formación y empleo: a pesar de que casi un 40% de jóvenes salen del sistema educativo con niveles elevados el 70% del empleo que se está creando es en actividades de bajo valor añadido y cualificaciones medias o bajas.

Por otro lado, los recursos públicos destinados en España a la educación están a la cola de Europa y comparten con Grecia los últimos lugares en la Europa de los 15. No es posible superar el déficit que tiene nuestro paí­s en esta materia y lograr un sistema educativo potente y moderno cuando los recursos que se destinan a educación en España representan el nivel más bajo de toda la UE (Gráfico 3).

En este periodo lejos de intentar solucionar esta situación se ha producido un recorte y un deterioro en el nivel relativo de recursos con que se dota al sistema educativo.

También es deficitaria, respecto a los paí­ses de nuestro entorno, la formación permanente y profesional de la mano de obra. La proporción de trabajadores que participan en la formación continua es la tercera más baja de la UE y los recursos que se destinan a formación profesional tampoco alcanzan la media europea.

– Menor intensidad inversora pública y privada

Resulta esclarecedor el reciente informe económico 2002 del BBVA que señala que en España "el moderado avance de la inversión productiva respecto al crecimiento observado en la segunda mitad de los años ochenta, no sólo ha ralentizado el proceso de convergencia real con Europa, sino que dificulta su aceleración futura....Así­, en términos reales, se estima que en el perí­odo 1997-2002 la inversión productiva privada registro un crecimiento medio anual del 4,1% y la pública el 2,8 frente al 12,1% y 11.9% , respectivamente, entre 1986 y 1991.

En este informe se concluye que "el reciente perí­odo de expansión económica no se ha aprovechado suficientemente para acometer las inversiones necesarias que impulsen la competitividad de la economí­a". Un aspecto especialmente preocupante teniendo en cuanta la próxima ampliación de la UE, con los paí­ses de Europa Central y Oriental.

– La ausencia de polí­tica industrial, otro factor que acentúa el déficit de competitividad

El Gobierno del PP ha renunciado a la coordinación de una polí­tica industrial, a nivel nacional, que modernice y fortalezca el aparato productivo, y promueva crecimientos de la actividad económica estables y sostenidos que deparen en la creación de nuevos empleos. A esta filosofí­a obedece la desaparición del Ministerio de Industria y Energí­a en 2000.

La polí­tica industrial de este Gobierno ha quedado reducida a una apuesta por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica (una apuesta con escasos resultados como refleja el esfuerzo inversor en esta materia) y a una obsesiva liquidación de lo que quedaba del sector público empresarial. En la avalancha indiscriminada de privatizaciones se han primado los intereses económicos particulares al beneficio social, lo que está conllevando efectos positivos para unos pocos y negativos para la gran mayorí­a.

En esta legislatura se han privatizado un total de 18 empresas que se suman a un total de 45 desde que el PP inicio su mandato. Se contabiliza así­ una media de 1 privatización cada 2 meses. El resultado es que entre 1996-2003 las arcas públicas ingresaron por privatizaciones unos 33.700 millones de euros (uno de los procesos privatizadores más intensos a nivel internacional).

La consecuencia de esta ola de privatizaciones, acompañada por una equivocada polí­tica de liberalizaciones (que no evita los oligopolios ni la falta de competencia), ha provocado que el Estado pierda su capacidad reguladora para transferí­rsela al mercado.

Este dejar hacer al mercado y mirar para otro lado está teniendo graves consecuencias para nuestro sector industrial: en 2003, se han perdido 94.800 puestos de trabajo industriales y cada vez son más las multinacionales que deciden abandonar, sin más, nuestro territorio tras cosechar importantes beneficios.

Una fuga de empresas que podrí­a haberse evitado con una polí­tica industrial adecuada capaz de anticiparse a estos movimientos. En este sentido, habrí­a que haber apostado por un modelo productivo que contemplara mayores inversiones tecnológicas, mayor cualificación y formación de la mano de obra, empleos más estables y seguros, etc. Justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno del PP y eso a pesar de que ha disfrutado de un periodo irrepetiblemente favorable.

Documento completo en:
http://www.ugt.es/comunicados/2004/marzo/COMPRE040308b.htm