El contexto:

La ví­ctima, Rosario Piudo, tiene 86 años y lleva viviendo en esta casa, un patio de vecinos, ceca de 30 años. Está enferma del corazón y camina apoyándose en una muleta. Vive de una pensión mí­nima con la que apenas llega a fin de mes. Su vida social se reduce a un espacio con un radio de apenas 200 metros donde se incluye todo el entramado que le da vida: la iglesia, el mercado y el bar donde almuerza a diario. En este minúsculo universo ella se orienta perfectamente y desarrolla sus relaciones de sociabilidad haciéndole la vejez más plácida dentro de lo que cabe.

El inmueble está plagado de puntales, no sólo en los pasillos y escaleras, sino también en el interior de la mayorí­a de las viviendas. En febrero de 2001 habí­a más de 20 viviendas ocupadas. Hoy sólo quedan seis. Poco a poco los vecinos se fueron marchando debido al estado general de abandono que muestra la casa y la peligrosidad e incomodidad que entraña. Los propietarios, que son los exclusivos responsables de la situación, siempre han mostrado mucha diligencia para cobrar las rentas, pero ninguna preocupación por mantener en condiciones dignas el inmueble. Los vecinos hemos tenido que soportar por dos veces las obras de apertura de catas en los techos y el apuntalamiento de la práctica totalidad del inmueble. Los propietarios mientas cobraban los alquileres, escondí­an sus propósitos de declarar en ruina el inmueble, hecho que la Gerencia de Urbanismo denegó a tenor del informe técnico de sus arquitectos.

Los hechos:

Rosario, que no cuenta ni con habilidades sociales para desenvolverse ni, por supuesto, con la ayuda de técnicos y profesionales, aplicó la justicia de los pobres, esto es, dejó de pagar la renta durante unos meses en protesta por la lamentable situación de la casa. La respuesta de la propiedad fue iniciar el trámite para el desahucio. La Justicia insta a Rosario a que abone los atrasos y ella, por un error, no reintegra el importe total de las mensualidades faltando 39 euros. Es decir, el desahucio viene determinado porque Rosario, sin saberlo y sin pretenderlo, dejó de pagar, o más bien, pagó fuera de plazo la exigua cantidad de 39 euros.

La propiedad se frota las manos. Ha conseguido echar a otra vecina sin indemnización alguna. Ella, que tení­a un contrato de renta antigua, ahora pierde todos los derechos adquiridos y sólo encuentra el desamparo jurí­dico como respuesta.

Las consecuencias:

Alejar a Rosario de su entorno serí­a condenarla para el resto de su vida a la tristeza y supondrí­a una merma en su dignidad como persona. En otro sitio no se ubicarí­a. Hace poco más de un año, en Málaga una mujer se suicidó haciendo explotar unas bombonas de butano justo en el momento en que se procedí­a al desalojo, produciendo la muerte de un viandante y heridas a varios bomberos. Este no es un problema aislado, son miles las personas que viven bajo la amenaza de los desahucios sin que se tengan en cuenta sus contextos sociales y económicos. El martes a las 9 de la mañana se aplicará la ley, pero con Rosario se estará cometiendo una injusticia mayúscula. A ella, que no tiene nada, le quitarán lo poco que tiene. La mala fe de los propietarios y la aplicación frí­a de la Justicia harán de Rosario, una anciana indefensa que nunca hizo mal a nadie, una persona infeliz, sin dignidad.

Un llamamiento:

Hacemos un llamamiento a las instituciones públicas para que busquen una solución digna al problema de Rosario, y a la opinión pública en general para que muestre su rechazo ante tamaña injusticia y demande un debate social sobre la indefensión y desamparo jurí­dico de miles de ciudadanos y ciudadanas sin recursos que están en proceso de desahucio por motivos parecidos.

Ángel del Rí­o Sánchez. DNI. 29.079.095. Teléfono de contacto: 610 024699
Carlos Garcí­a Gómez. DNI 28.561414