Crónica de una lucha: de oí­dos sordos y palos

Primer capí­tulo

Desde hace tiempo, los ex trabajadores de YPF Yacimientos Norte vienen peleando para que el gobierno nacional les pague la indemnización por despido que les corresponde. En su momento, durante el gobierno de Duhalde se promulgó un decreto que lleva el número 1077/03, que fijaba un monto a pagar de $23.728, sujeto a descuentos que disminuí­an en forma considerable la cifra pautada. Los ex trabajadores de YPF rechazaron desde un primer momento esta propuesta, y en noviembre del año pasado realizaron un bloqueo a las refinerí­as de Campo Durán y Aguaray.

En esa ocasión, la protesta fue desalojada por la policí­a salteña luego de más de 10 dí­as de acampe y algunos manifestantes detenidos. Cuando el pueblo de Mosconi se entera de \"Pepino\" Fernández habí­a sido apresado se originó una masiva pueblada, produciéndose allí­ los incidentes en las oficinas administrativas de Tecpetrol, que tan amplia y tendenciosamente difundieron los medios nacionales.

Una vez desatado el conflicto, y con el supuesto objetivo de resolverlo, el Gobierno nacional convocó a una delegación de los ex trabajadores de YPF y los recibió en la Casa Rosada. Luego de diversas negociaciones, el Ejecutivo realizó una nueva propuesta, subiendo el monto de la indemnización a $39.500, que si bien no cubrí­an la totalidad de lo adeudado elevaban sensiblemente la cifra estipulada por el decreto de Duhalde.

Aunque las promesas oficiales no impidieron que dí­as después 10 desocupados de la UTD de Mosconi fueran arbitrariamente arrestados por los incidentes en Tecpetrol. Sin elementos que probaran las acusaciones realizadas por el fiscal, los integrantes de la UTD tuvieron que soportar más de 50 dí­as de cárcel y fueron liberados recién cuando la campaña de solidaridad con los presos crecí­a y se extendí­a a nivel nacional (además de las sucesivas marchas en Mosconi y Tartagal, se realizó la toma de la Casa de Salta en Buenos Aires, un escrache a las oficinas porteñas de Tecpetrol, entre otras acciones de protesta). Pese a todo, si bien se consiguió la libertad de los detenidos, 7 de ellos quedaron procesados con una cláusula especial que les impide participar de movilizaciones.

Segundo capí­tulo

Pero el asunto no terminó allí­, fueron pasando los dí­as y a la propuesta de Kirchner se la llevó el viento. La promesa no fue más que eso y el conflicto volvió a su punto de inicio: el decreto 1077/03 de Duhalde. Ante el nuevo incumplimiento, los ex trabajadores dispusieron una nueva medida de lucha.

Esta vez la protesta se limitó a la refinerí­a de Refinor en Campo Durán, donde 5 ex trabajadores de YPF Yacimientos Norte, entre ellos \"Pepino\", acamparon el martes 10 de febrero por tiempo indeterminado frente a las instalaciones. Sin cortar el tránsito, colocaron pancartas con consignas en los portones de acceso. Ante esto, los camiones de combustible optaban por no ingresar al predio. Habí­an transcurrido más de 72 horas de iniciada la medida de lucha, cuando aproximadamente 50 efectivos de Infanterí­a de la Comisarí­a 42 de Tartagal, a las 2 de la madrugada del viernes 13, realizaron un operativo comando para terminar con el impertinente reclamo de los ex trabajadores de YPF. En el violento desalojo fueron detenidas 11 personas: los 5 ex trabajadores de YPF, un joven de la UTD de Mosconi, dos estudiantes jujeños, dos chicas estudiantes de UBA y un periodista de ANRed (ver recuadro \"Operativo Refinor\"). Poco a poco los detenidos fueron recuperando la libertad, algunos a las pocas horas, otros en los dí­as siguientes; sin embargo, nuevamente las liberaciones no invalidaron los procesamientos, así­ es que la causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción Nº2 a cargo del Juez Dr. Ricardo Martoccia, expediente Nº 54605/04, con la carátula \"entorpecimiento al transporte terrestre contra Refinor SA.\", tal cual describe el frí­o lenguaje jurí­dico.

Continuará...

No es necesaria mucha perspicacia y sagacidad polí­tica para deducir que la persecución represiva y judicial continuará ejerciéndose contra los integrantes de la UTD de Mosconi y los ex trabajadores de YPF. Y no sólo contra ellos. Las familias de la comunidad Ava Guaraní­ El Tabacal sufren constantes amenazas y reiterados desalojos; en tanto al cierre de esta edición habí­an sido detenidos y brutalmente golpeados 3 integrantes de la UTD de Tartagal.

La judicialización y la represión a las organizaciones populares es una polí­tica que se ha consolidado en el desarrollo de la protesta social a nivel nacional. En este sentido, no se puede dejar de señalar el notorio y contradictorio contraste entre el discurso supuestamente respetuoso de los derechos humanos que Kirchner instala en la opinión pública, con las reiteradas represiones que se vienen dando en algunas provincias e incluso con el impulso que desde el Gobierno nacional se le da a la campaña \"antipiquetera\" que vienen realizando a coro diversos medios masivos.

Salta no sólo no es la excepción, sino que tal vez es uno de los ejemplos más puros de esta polí­tica de Estado orientada a reprimir y controlar a las organizaciones que luchan. Allí­ el poder de las multinacionales, con millones de razones de peso, se entrecruza con los intereses de los clanes familiares que gobiernan la provincia cual si fuera un feudo. Y a nivel nacional la cosa no se diferencia demasiado, no se puede olvidar que Kirchner fue un consecuente lobbysta de Repsol cuando se desempeñaba como gobernador de Santa Cruz. Si hasta el mismo Horacio Verbitsky denunciaba este ví­nculo desde su columna semanal en Página/12 -, obviamente antes de que el Pingí¼ino llegue a la Rosada.

Poder económico y poder polí­tico conforman un todo difí­cil de discernir, frente al cual es necesario articular la solidaridad y la movilización de los de abajo, para oponer resistencia y dignidad a la polí­tica de muerte que viene de arriba.

Operativo Refinor

Las instalaciones de Refinor, en Campo Durán, se encuentran en una zona rural escasamente habitada. A casi 60 kilómetros de Mosconi, la refinerí­a de la empresa petrolera, recientemente adquirida por Petrobrás, trabaja durante las 24 horas procesando el crudo y sus derivados. Millones de pesos salen diariamente en decenas de camiones que retiran de allí­ combustible con destinos diversos, entre ellos Bolivia, distante apenas a unos 30 kilómetros. En el operativo no hubo advertencia previa, ni una intimación para tratar de evitar la represión. La policí­a actuó directa y brutalmente, sin reparos, tal es su costumbre. Mientras \"Pepino\" y los demás dormí­an, los efectivos de Infanterí­a bajaron de las camionetas sin patentes en las que se desplazaron hasta el lugar, arrancaron violentamente la precaria lona que hací­a las veces de carpa y, armas en mano, ordenaron a todos los allí­ presentes a ponerse boca abajo. Pese a que no hubo ningún tipo de resistencia a la acción policial, el trato fue más que riguroso: los detenidos varones, una vez esposados, fueron encapuchados con sus propias remeras y arrojados a la parte trasera de las camionetas, unos arriba de otros, cual si fueran bolsas de papa.

Una vez en la Comisarí­a 42 los detenidos fueron divididos: 2 fueron enviados a un destacamento cercano y alojados en una celda de 1.80 por 1.80; las 2 jóvenes enviadas a otra comisarí­a y los 7 restantes fueron hacinados en una celda de la misma Comisarí­a 42; previamente fueron literalmente fumigados por personal policial y durante 48 horas los mantuvieron incomunicados.