En efecto, la nueva normativa, que no ha sido suscrita por ninguna organización sindical, no aporta ninguna solución a la problemática de precariedad y de inestabilidad del profesorado interino, colectivo que cuenta con más de 80.000 personas en todo el Estado. La pretendida inconstitucionalidad argumentada por la administración educativa de un sistema de acceso que contemple una doble ví­a no se sustenta en ninguna de las sentencias dimanadas del Tribunal Constitucional, ya que éste nunca se ha pronunciado sobre esta cuestión en concreto, y sólo pone claramente de manifiesto la falta de voluntad polí­tica del MECD para resolver, ni tan siquiera como medida excepcional, dicha situación.

Por todo esto, STES-i reclama a las fuerzas polí­ticas que se presentan a la elecciones generales que se comprometan con la derogación de este Real Decreto, al tiempo que planteará al nuevo Gobierno su retirada y la apertura de negociaciones para la adopción de un sistema de acceso diferenciado.