El anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y el retraso en la implantación de las infraestructuras de comunicaciones, con graves problemas para el despliegue de las nuevas tecnologí­as están ocasionando perjuicios que no nos afectan sólo a los usuarios, sino que se extienden también a las iniciativas empresariales que basan en Internet su posibilidad de desarrollo, y en general al conjunto de ciudadanos y al tejido empresarial de nuestro paí­s.

Los medios de comunicación se están haciendo escaso eco de estos problemas en comparación con el que está teniendo en la propia Red, y por ello y con el fin de trasladar a la opinión publica nuestros puntos de vista, hemos redactado este manifiesto al que invitamos a sumarse a los internautas, ciudadanos, y asociaciones que comparten nuestra preocupación.

Consideramos que el derecho de acceso, constituye el concepto clave que permitirá resolver los problemas a los que nos referimos y que su garantí­a, junto con otros derechos y libertades de los cibernautas debe orientar la actividad de las administraciones públicas.

Concebimos el derecho de acceso como un derecho básico de todo ciudadano del siglo XXI, son las infraestructuras y los servicios que nos permitirán desarrollarnos laboralmente, intelectualmente, económicamente y, no menos importante, disfrutar de nuestro ocio y de nuestras relaciones. Un derecho de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia y de su nivel de renta para acceder a la sociedad de la información. A poder desarrollar con plena autonomí­a sus proyectos individuales, cooperativos o empresariales. Para todo ello necesitan el desarrollo de las infraestructuras y de una polí­tica que apueste por un sector de futuro.

El comercio y los servicios deben ser accesibles a todos los ciudadanos disfrutando de las mismas ventajas, tanto de costes como de operatividad. Contemplado todo esto, el acceso a los servicios no debe ser cuestionado localmente puesto que Internet ofrece accesos globales (desde cualquier paí­s) al que el ciudadano debe acceder independientemente de donde viva: centro o periferia, ciudad o pequeño municipio. Bien sean zonas de fuerte concentración urbana o parcelas rurales aisladas.

EL DERECHO DE ACCESO

Todo ciudadano deberí­a tener derecho a una cuenta de correo gratuita, a accesos públicos a Internet, aún más, a contar su propia historia en la red, a publicar sus aficiones, sus deseos, sus intereses. No se debe contemplar Internet como un lugar de mero negocio, sino como un lugar público en el que haya libre intercambio de información.

Nuestra postura es la siguiente:

1.El anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico atenta contra la libertad de los ciudadanos en Internet y nos plantea serias dudas respecto a la constitucionalidad de muchos de sus artí­culos.

2.El medio rural sigue teniendo medios deficientes de conexión y lo que es peor, no se está garantizando que tengan acceso a las tecnologí­as que se están implantando o que se implantarán en el futuro.
Las iniciativas más interesantes del mundo de Internet se están dando en áreas aisladas, donde precisamente el ahorro de costes y la comunicación para contrarrestar el aislamiento las hacen más útiles y necesarias.

3.Las infraestructuras más avanzadas se están fomentando en los parques tecnológicos en los que los suelos son caros para las iniciativas innovadoras o inviables para iniciativas de los usuarios. Todos conocemos los parques tecnológicos en las afueras de las ciudades en las que las grandes empresas pueden disfrutar de cable, estructuras intercomunicadas, buenas conexiones, pero en las que los alquileres y las distancias las hacen inviables para las pequeñas empresas. Reivindicamos Internet y Nuevas Tecnologí­as en los domicilios y en los centros de las ciudades donde vivimos y nos relacionamos. Las iniciativas de Internet más interesantes siempre se han desarrollado en los centros de las ciudades, no en polí­gonos de especulación en las afueras. Reivindicamos también la libertad para que cualquiera desde su casa, en su tiempo de ocio, o iniciando una aventura tecnológica pueda tener el mismo acceso a las nuevas tecnologí­as.

4.El caos al que se enfrenta el usuario es generalizado. Los obstáculos a los que nos podemos enfrentar para realizar una simple conexión se multiplica, y multitud de personas a nuestro alrededor se convierten en barreras. Ya casi no se pueden contabilizar el número de agentes que pueden impedir que un ciudadano tenga acceso a una tecnologí­a: el casero de tu casa puede impedirte instalar una lí­nea, el presidente de la comunidad puede decidir que no se instale una antena parabólica o de cualquier tipo en el tejado, la junta de distrito puede decidir donde o como se cablea sin necesidad de dar alternativas, el ayuntamiento puede establecer todo tipo de lí­mites a las infraestructuras, la comunidad autónoma regular una normativa diferente a la estatal perjudicando a los usuarios, un juez local puede precintar una parabólica, las preferencias de las empresas por determinadas zonas que son más rentables a la hora de dotar de infraestructuras... La lista es interminable. Nos enfrenta!
mos a ella cada vez que: queremos instalar ADSL, queremos colocar una antena, queremos tener cobertura con nuestro móvil, intentamos solicitar cable... Cualquiera se siente en el derecho de impedir el acceso al ciudadano sobre un derecho que en realidad nos pertenece: el derecho al acceso a las comunicaciones. Solicitamos que se regulen los procedimientos para que nadie nos pueda impedir tener unas comunicaciones que nos permitan desarrollarnos.

5.La situación se agrava con las nuevas tecnologí­as, a las que alarmistas y tecnófobos se oponen sembrando el caos y el desconcierto con riesgos desde sanitarios a estructurales. Reclamamos que se difundan los estudios concluyentes de las autoridades sanitarias u otras a las que corresponda, que demuestren si es que existen riesgos reales y, en el caso de que existan, que se busquen alternativas para que todos disfrutemos de un acceso a las nuevas tecnologí­as. Definitivamente apoyamos el despliegue de infraestructuras, incluido el despliegue de antenas que tantos detractores tiene en este momento para que se logre implantar los nuevos servicios de Internet móvil. Por supuesto siguiendo las directrices sanitarias y de seguridad pertinentes.

6.Debemos apelar a la responsabilidad pedagógica de la sociedad y las administraciones. El desconocimiento de polí­ticos, periodistas, representantes institucionales, legisladores, sobre nuevas tecnologí­as es alarmante. Llegando el caso de que hagan gala públicamente de ello, como si estuviera de moda ser un reaccionario.

7.Los internautas españoles, un número cada vez mayor de los ciudadanos, tenemos un área de actuación internacional. Tanto pequeñas empresas como usuarios que buscan la excelencia de los servicios, necesitan competir, nutrirse, informarse, desarrollarse en lugares de todo el mundo donde ya disponen de infraestructuras avanzadas y donde se están desarrollando las nuevas con normalidad.

8.Los ciudadanos necesitan cauces para poder reclamar sus derechos. Si hace falta una ley, es una ley que garantice el acceso para poder ser ciudadanos del siglo XXI, vivamos donde vivamos y sea cual sea cual sea nuestro poder adquisitivo. El acceso deberí­a estar garantizado por algún organismo, que alguien, además de las organizaciones de consumidores, pueda garantizar que todo ciudadano tenga acceso. En definitiva: reclamamos la implantación de las Telecomunicaciones y las Nuevas Tecnologí­as como eje de una coherente Acción Social. El gobierno debe facilitar todos los medios necesarios a la sociedad a través de las Telecomunicaciones y las Nuevas Tecnologí­as.

Por todo lo expuesto anteriormente, la Plataforma Internauta siempre va a estar en contra de cualquier tipo de involucionismo que se quiera llevar a efecto en Internet y aprovecha para recordarle al gobierno que éste tiene pendiente la mejora de la calidad en la Red, el acceso universal y asequible - Tarifa Plan Real de 24 horas- y la ayuda, de una vez por todas, al medio rural (servicio TRAC) actualizando, mediante las partidas presupuestarias habilitadas al efecto, la tecnologí­a necesaria para dotar a estas personas de un adecuado e igual acceso que el resto de la ciudadaní­a española a la Red.