Al acercarnos al primer aniversario del comienzo de la guerra de Iraq, y en plena campaña electoral, los polí­ticos han encontrado en el papel del Ejército uno de los temas estrella de debate. La presencia de militares españoles en la zona de conflicto ha desencadenado una serie de discusiones sobre la conveniencia o no de que el contingente prorrogue su misión más allá del mes de junio.

Sin embargo, mientras hablan del mantenimiento de la misión o de su retirada, en Intermón Oxfam nos cuestionamos cuál es el papel que están desempeñando las Fuerzas Armadas (FFAA) en el campo de la ayuda humanitaria y les preguntamos directamente a los partidos qué van a hacer en caso de que ganen las elecciones.

El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), de la que forma parte España, afirma que -la decisión de involucrar a los militares siempre es una decisión polí­tica, que no siempre responde a criterios estrictamente humanitarios, y es legí­timo preguntarse por las motivaciones reales de esa decisión, que además se produce en un contexto de creciente politización de la ayuda humanitaria y de emergencia-.

– La ayuda humanitaria tiene que ser neutral e imparcial, si no las organizaciones humanitarias son atacadas como objetivos militares. No puede ser que el Ejército tire bombas por un lado y por el otro reparta alimentos-, ha asegurado esta mañana Ignasi Carreras, director general de Intermón Oxfam, durante la tertulia que ha mantenido en el programa de Tele 5 -La mirada crí­tica-, junto a Esteban Beltrán, director de Amnistí­a Internacional, y Juan López de Uralde, director de Greenpeace.

La distribución de la ayuda por parte del Ejército carece de esa neutralidad que necesitan las ONG y los organismos especializados de Naciones Unidas para trabajar en el terreno. En el caso español, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo fundamenta la ayuda humanitaria en las necesidades a largo plazo, la imparcialidad y la no discriminación. Sin embargo, la intervención del Ejército está respondiendo a objetivos de inmediatez e impacto en los medios de comunicación.

El 10 de abril de 2002, el contingente español destinado en Um Qasr (Iraq) comenzó un reparto de agua y comida que fue suspendido por culpa del caos generado. Aunque la distribución de 8 toneladas de agua es beneficiosa a corto plazo, a la larga provoca dependencia. En este caso, la carencia se corrige con la perforación de pozos y la reparación de las infraestructuras, para potabilizar y canalizar el agua que sí­ aseguran un suministro estable y duradero.

Porque es esencial que los partidos polí­ticos se comprometan a reconducir el papel de las FFAA en la acción humanitaria, pedimos al próximo gobierno que limite la actuación del Ejército a la creación de las condiciones de seguridad y a proporcionar apoyo logí­stico para el acceso y la distribución de la ayuda. -No es lógico que se encuentren en un espacio que debe ser ocupado por Naciones Unidas o la sociedad civil-, ha señalado Carreras para destacar que son más eficaces a la hora de prestar apoyo directo a las ví­ctimas de conflictos y catástrofes y para facilitar la integración de las ví­ctimas en la gestión de la ayuda-.

Cuando las FFAA han realizado este tipo de operaciones, la ineficacia y el incremento del coste económico han terminado por encarecer la distribución de la ayuda. Por ejemplo, en 1999, las tropas españolas construyeron un campo de refugiados en Hammallaj (Albania) para atender a 2.250 personas, durante dos meses, que costó 45,2 millones de euros, lo que supuso una inversión de 18.000 euros por cada refugiado.

Para corregir esta tendencia, desde Intermón Oxfam pedimos a los partidos polí­ticos, y al Gobierno que salga elegido tras las próximas elecciones generales, que reconozcan y respeten el carácter independiente, imparcial y civil de la ayuda humanitaria (según la Resolución 46/182 de la Asamblea General de Naciones Unidas) y que subordine la actuación de las FFAA a los principios y estándares que limitan su papel a:

Actividades derivadas de su participación en misiones de paz.

Creación de condiciones de seguridad para garantizar el acceso de organizaciones civiles especializadas, cuando sea necesario.

Ofrecer apoyo logí­stico para el acceso y distribución de la ayuda, cuando no haya otras alternativas disponibles, sin perjuicio de que tanto la AECI como las ONG amplí­en sus propias capacidades.

Por último, para evitar lagunas informativas sobre la ayuda humanitaria en manos del Ministerio de Defensa es necesario que el gobierno que salga elegido de las próximas elecciones mejore la transparencia de la gestión de estos fondos y ofrezca los datos oportunos para evaluar las ayudas y facilitar el control polí­tico de las mismas.