Hace unos dí­as, la Sala de los Social de la Audiencia Nacional falló en favor de la demanda interpuesta por USO, Intersindical Valenciana, Intersindical Gallega, y estableció "la fijeza de la relación laboral de todos los trabajadores con contrato de interinidad por vacante por tiempo superior a tres meses en la empresa Correos y Telégrafos"¦".

Jose Manuel Castaño, representante jurí­dico de USO que ha llevado la tramitación de la demanda, ha manifestado que "según la Ley de Procedimiento Laboral la ejecución de la sentencia de un conflicto colectivo es inmediata, independientemente de que pueda recurrirse". USO ha manifestado que si la empresa pasa por alto este detalle, solicitará ante el juez la ejecución inmediata. Si hay que llevar a cabo este proceso, como máximo en tres meses los interinos de vacante pasarán a ser fijos en Correos, lo que le supondrá a la empresa un coste de alrededor de 15.645 millones de euros.

El perfil de los interinos por vacante es de una mujer de alrededor de 45 años, con varios años de antigí¼edad en la empresa (en algunos casos supera los 15 años y en otros es inferior).

Manuel Aguilella, Secretario General de la Sección Sindical de USO-Correos ha manifestado, en rueda de prensa, que Correos "ha vulnerado la legislación laboral con este tipo de contratación en la que se pasan por alto los tramos y la antigí¼edad de los trabajadores".

El lí­der sindical argumentó que la USO presentó esta demanda colectiva tras haber interpuesto demandas individuales, y manifestó que no entiende las últimas declaraciones de los directivos de la empresa en las que afirman que la sentencia sólo afecta a 3.000 trabajadores, cuando la sentencia de la Audiencia Nacional en su apartado Undécimo, y según la certificación presentada por el presidente del órgano de Selección de Correos, expone que hay 25.003 trabajadores temporales, de los que según el censo de las últimas elecciones sindicales, casi la mitad son interinos por vacante.

Aguilella manifestó que "los directivos de la empresa desconocen su trabajo. Ha habido un cambio de marco jurí­dico en Correos: no es una sociedad pública se trata de una empresa mercantil, y por ello el proceso de selección del personal es el periodo de prueba que rige en cada contrato. Es ilegal convocar una oposición como si se tratara de la Administración Pública ya que su marco jurí­dico ha cambiado".

El representante de USO ha manifestado que esta demanda se presenta para paliar la indefensión de los trabajadores frente al Convenio Colectivo. En dicho convenio, de marzo de 2003, se pacta entre empresa y los sindicatos firmantes, que en caso de despido, dictaminado por el juez como improcedente, será la empresa quien tenga la opción de elegir entre readmisión o indemnización -contrariamente a lo que vení­a sucediendo en el anterior convenio-.

La USO, por tanto, con esta demanda quiere evitar: despidos masivos de personas que llevan años vinculadas a la empresa, con edad avanzada y con difí­cil acceso a un nuevo puesto de trabajo, con una indemnización mí­nima.

Según la sentencia, que determina el derecho de los interinos por vacante, éstos puestos "no pueden forman parte de la consolidación de empleo temporal que está desarrollando en este momento la empresa". Por tanto, los 6.000 puesto eventuales que Correos ha llegado al acuerdo de convertir en fijos serí­an, además, de los afectados por la sentencia.

Igualmente se ha destacado la importancia de esta sentencia histórica, "que debe de abrir un camino para determinar el futuro de la empresa y el futuro de los empleados públicos dentro de ella".

Así­ mismo se declaró que en materia de contratación "Correos ha estado bordeando la ley y abusando de los trabajadores".

El procedimiento que deben seguir los trabajadores interesados en estabilizar su relación laboral se basa en la presentación de una demanda de conciliación ante el Servicio de Mediación y Arbitraje competente. De no haber avenencia el paso siguiente serí­a una demanda ante el Juzgado de lo Social de la provincia correspondiente. USO ha puesto a disposición de los trabajadores afectados sus servicios jurí­dicos.