A dos meses del desalojo de la familia Bustamante en el noreste de Córdoba, mientras la legislación no hace más que encubrir la real problemática de la Tierra, Ramona (76) - propietaria del campo expropiado- continúa en una carpa ubicada a la vera del camino frente a lo que era su casa.

La expulsión tuvo lugar el pasado 30 de diciembre, un dí­a antes de los festejos de año nuevo y del comienzo de la feria judicial, en el departamento de Rí­o Seco a 180 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. El Juez de Paz y el representante de quien dice ser el legí­timo dueño del campo, escoltados por 7 efectivos policiales, irrumpieron en el predio y practicaron un brutal desalojo del inmueble rural sin ningún juicio que así­ lo hubiera resuelto. Munidos de un tractor con frente de rejas que ofició de topadora remataron el procedimiento de destrucción material de la casa, condimentando la escena con duras agresiones verbales a la familia Bustamante, poseedora del campo desde hace casi 50 años.

El caso se suma a una larga y, en muchos casos, ignorada lista de desalojos campesinos, devastación de montes, matanza de animales, cierre de caminos, fumigaciones y similares metodologí­as que la \"fiebre de la soja\" trajo consigo. El incremento en el valor de los terrenos y la rentabilidad que ellos otorgan desata una vil demanda entre empresarios, quienes no reparan en los medios para saciarla.

Al dí­a de hoy, el proceso de los Bustamante está judicializado en el ámbito penal por delito de defraudación. La Unión Campesina del Noreste (UCAN) está organizando varias jornadas con organizaciones provinciales y reuniéndose con familias desplazadas para demostrar que el caso de Ramona no es un caso aislado. Conforme esta organización manifestó a ANRed, \"una lucha de baja intensidad se está dando con los sectores de los grandes productores, quienes no quieren que la problemática se instale y argumentan que ellos han llevado el progreso al norte de Córdoba\".

Asimismo, la UCAN ha presentado un escrito a la Legislatura Provincial en el marco de la sanción de la Ley de Registro Personal de Posesiones Nº 9100, cuyo artí­culo 12 dispone la designación de una Unidad Ejecutora que \"tendrá las funciones de organizar, coordinar y promover el saneamiento de tí­tulos\", contará con un presupuesto propio y tendrá amplias facultades para suscribir convenios con otras entidades y organismos. En este marco, la Unidad Campesina denuncia al Estado Provincial por el nombramiento como coordinador de esta Unidad Ejecutora a un puntero menemista, poseedor de 4.500 hectáreas y de claros intereses sobre los sembradí­os.

Éste es el cuadro de situación. Funcionarios de las tres órbitas del gobierno provincial -Ejecutiva, Legislativa y Judicial- tapan con paños frí­os la fiebre que la rentabilidad de la soja desató; entretanto, las topadoras pasan, la resistencia queda.