Tras la reciente visita del presidente del Gobierno, D. José Marí­a Aznar, a Colombia y después de que el Gobierno colombiano haya confirmado nuevas transferencias de armamento e inteligencia militar a Colombia por parte de España, Amnistí­a Internacional ha dirigido una carta al Gobierno español instándole a:

– Poner fin a las exportaciones y transferencias de armas, material de seguridad y militar a Colombia mientras no existan garantí­as de que éstas no serán utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos.

– Exigir a las autoridades colombianas que apliquen las recomendaciones de Naciones Unidas para acabar con la crisis de derechos humanos que vive el paí­s.

– Explicar qué medidas ha tomado el Gobierno español para asegurar que las transferencias militares ya realizadas no van a contribuir, directa o indirectamente, a la comisión de violaciones de derechos humanos.

Esta última transferencia de armas se suma a otras exportaciones de armas desde España a Colombia durante los últimos años que han sido igualmente denunciadas por Amnistí­a Internacional, ya que violan el Código de Conducta de la Unión Europea.

Amnistí­a Internacional teme que las fuerzas armadas colombianas y sus aliados paramilitares puedan utilizar estas transferencias para cometer graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado que sufre el paí­s. "Resulta inaceptable que el Gobierno español, a la hora de transferir armamento a Colombia, ignore el empeoramiento de la crisis de derechos humanos en este paí­s y el hecho de que el Gobierno colombiano no haya puesto en práctica las reiteradas recomendaciones de Naciones Unidas", ha señalado la organización.

La situación en Colombia empeora

Según informes, la situación de derechos humanos en Colombia empeora ostensiblemente, a pesar de lo que afirman las autoridades colombianas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se refirió el pasado 4 de febrero a Colombia, como la peor situación humanitaria del mundo, después de las existentes en la República Democrática del Congo y Sudán. Se calcula que hay de dos a tres millones de desplazados y casi 300.000 personas han huido del paí­s.

Además, Amnistí­a Internacional ha documentado un aumento de "desapariciones forzosas" y homicidios en varias zonas en conflicto, un aumento en la práctica de la tortura y una mayor persecución y hostigamiento de defensores de derechos humanos.

La polí­tica de Uribe, de espaldas a los derechos humanos
El Gobierno del presidente Álvaro Uribe, en el cargo desde 2002, no ha hecho sino exacerbar el ciclo de violencia polí­tica y la crisis de derechos humanos que vive el paí­s. Uribe ha impulsado polí­ticas contrarias a las recomendaciones de Naciones Unidas que amenazan con fortalecer y legitimar la estrategia paramilitar.

Por ejemplo ha impulsado el reclutamiento de soldados campesinos a tiempo parcial, ha dotado al Gobierno de capacidad para amnistiar a guerrilleros y paramilitares y ha otorgado poderes de policí­a judicial a las fuerzas de seguridad. La creación de una red de informantes civiles de un millón de miembros amenaza, por otro lado, con involucrar aún más en el conflicto a la población civil.