En el encuentro de asociaciones vecinales que, el pasado dí­a 31 de enero, reunió en Madrid a sesenta representantes procedentes de Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana, Zaragoza y Asturias, se acordó impugnar el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones.

La impugnación del Reglamento, presentada por medio de un recurso contencioso-administrativo el pasado dí­a 23 de febrero ante el Tribunal Supremo, se basa en que, a pesar de la entera dedicación del Reglamento a los Registros, no solo no regula ni desarrolla las necesidades de las entidades sin ánimo de lucro, sino que incluye en su Disposición Transitoria una cuestión, cuanto menos, espinosa: que las asociaciones no adaptadas a la LODA 1/2002 se asimilarán a las asociaciones no inscritas.

Esto significa que los miembros de su Junta Directiva habrán de responder personal y subsidiariamente de las obligaciones contraí­das por la entidad con terceros, una situación que las asociaciones vecinales consideramos incongruente con las directrices que marcan la obligación de su inscripción a efectos de mera publicidad. Es más, la disposición podrí­a incluso llegar a afectar también a los asociados, que podrí­an tener que responder solidariamente por las obligaciones contraí­das por cualquiera de ellos frente a terceros.

El objetivo último del recurso directo interpuesto por las entidades vecinales reside en anular esta norma y solicitar la suspensión de su ejecución (acción prevista para el mes próximo) a fin de evitar que se dicten actos en base a la misma o, como mí­nimo, lograr la modificación de la mencionada Disposición Transitoria, amén de una adecuada redacción de la Disposición Adicional Tercera, que regula el régimen contable.

Sin embargo y, en previsión de que por dilación en el procedimiento del recurso contencioso-administrativo se produzcan resoluciones administrativas perjudiciales para una entidad sin ánimo de lucro, se procederá a impugnar también éstas, a través de un recurso indirecto, a fin de que sean suspendidas en tanto no se resuelva la impugnación de la norma, por ser una cuestión de las denominadas prejudiciales.

Las entidades que forman parte de la campaña, coordinada por la Confederación Asturiana (CAVASTUR) en colaboración con la Red de Abogados Vecinalistas (profesionales en ejercicio que se dedican a la aplicación del derecho al movimiento asociativo) no descartan simultanear el proceso de impugnación en el orden contencioso-administrativo con otro dirigido al Tribunal Constitucional, una cuestión que en este momento está en manos del gabinete jurí­dico.