El Sindicato Federal Ferroviario de la CGT recurrió judicialmente la resolución ministerial de fecha 8 de abril de 2003, siguiendo el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales (Recurso C.A. 644/2003-07).

Una vez más la autoridad gubernativa imponí­a en RENFE unos servicios mí­nimos abusivos, sin dar justificaciones y explicaciones debidas, que contrastaban con los servicios mí­nimos de la anterior huelga general del 20 de junio: entonces se establecieron unos servicios esenciales de hasta un 30% de trenes de viajeros en Cercaní­as y ningún servicio de viajeros en largo recorrido ni regionales y ningún tren de mercancí­as; en cambio, en la del 10 de abril se impone hasta el 85% de trenes en horas punta y no menos del 50% en las demás horas en Cercaní­as, 159 trenes de viajeros en largo recorrido, 336 trenes de viajeros en regionales y 165 trenes de mercancí­as, con carga de coches y piezas de auto entre otras materias.

La Sala del Tribunal anula la resolución ministerial en Sentencia de 9 de febrero de 2004 por vulnerar el derecho fundamental de huelga. Recuerda que la resolución debe contar con motivación suficiente, es decir, con fundamentación explí­cita, racional, individualizada y comprensiva de todos los elementos a que se extiende la decisión gubernativa; esa exigencia es superior en proporción a la intensidad de la restricción del derecho, de modo que a mayor limitación de la huelga mediante el establecimiento de unos servicios mí­nimos especialmente rigurosos, el deber de motivar, lógicamente, alcanza mayor trascendencia en cuanto ha de extenderse a la justificación de estas medidas excepcionales.

La motivación es, en consecuencia, requisito imprescindible para poder analizar la proporcionalidad en la restricción del derecho fundamental de huelga que el acto de fijación de servicios mí­nimos supone. Y se considera motivación insuficiente desde la perspectiva constitucional la que no contiene los elementos o criterios determinantes que permitan enjuiciar la proporcionalidad del acto concreto de limitación del derecho fundamental de huelga.