El proceso para reformar el cuadro normativo por el que se rige la negociación colectiva fue instado e iniciado unilateralmente por el Gobierno a comienzos del mes de junio.

Un proceso que surgió del interesado y erróneo planteamiento del Ejecutivo de que sólo serí­a posible una reforma si éste afirmaba su inequí­voca intención de tomar medidas con o sin el consenso de las partes. Un planteamiento que nadie rechazó, desde el principio, con tanta claridad como UGT.

En este momento el proceso de discusión se encuentra en un grave atolladero, que prefigura un ní­tido fracaso. El borrador de proyecto de ley presentado por el Gobierno cuenta con el rechazo de todas las partes y con escasí­simas posibilidades de avanzar hacia un resultado consensuado. Avance dificultado, además por el hecho de que el proceso no se basa en una verdadera negociación sino en una sucesión de simples consultas, que realiza el Gobierno respecto a los sucesivos borradores que ha elaborado.

Las contradicciones (que eran previsibles) de este proceso mal diseñado por el Gobierno pueden conducir innecesariamente al diálogo social a un nuevo fracaso.

La reciente declaración de CEOE, rechazando í­ntegramente el texto legal del Gobierno, pidiendo su retirada y demandando razonablemente un nuevo proceso a desarrollar más adelante y construido sobre otros parámetros, más allá de las posiciones maximalistas de su texto alternativo, ha puesto aún más de mani-fiesto la imposibilidad de que el proceso actual desemboque en unas reglas consensuadas.
Ese consenso, como ha defendido en todo momento UGT, es necesario para reformar unas reglas que, para que sean válidas y estables, tienen que ser aceptadas por empresarios y sindicatos porque son la piedra angular de las relaciones laborales, y porque su ejercicio es básico para la negociación cada año de miles de convenios colectivos que afectan a más de ocho millones de trabajadores y a varios cientos de miles de empresas, y que determinan el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el funciona-miento de las empresas.
Lo que hoy se trata de reformar son reglas que provienen del consenso social vigente más antiguo que se ha producido en nuestro paí­s; que han permanecido en lo sustancial en vigor durante más de dos décadas, precisamente porque se basaban en ese consenso social que, a su vez, dio lugar a un amplio consenso polí­tico.

Reformar ahora esas reglas por decisión unilateral del Gobierno, sin contar con el consenso de los agentes sociales y, en consecuencia, previsiblemente sin consenso parlamentario, constituye una profunda equivo-cación y una irresponsabilidad porque va a convertir algo tan estructural y básico para las relaciones laborales y el desarrollo futuro de las mismas en una cuestión puramente partidista. Y sometida, por lo tanto, al juego de las alternancias polí­ticas y a los vaivenes electorales.

Por otro lado, el borrador de anteproyecto de ley de reforma presentado por el Gobierno contiene una profunda alteración en el modelo de negociación colectiva vigente en España desde comienzos de los años ochenta.

El propuesto por el Gobierno es un modelo desvertebrador y completamente desequilibrado que, entre otras cosas, vací­a de contenidos esenciales la negociación colectiva sectorial, que ha sido y es la pieza básica de nuestro sistema, sustrayéndole capacidad contractual y endosándola por imperativo legal a la negociación con carácter prevalente en las empresas, único ámbito en que la negociación de estas mate-rias tendrí­a eficacia real y vinculante.

En un tejido empresarial como el español donde más del 90 por ciento de las unidades no superan los diez trabajadores, la negociación colectiva en las empresas es en su mayor parte una ficción, una verdadera farsa. Lo que combinado con la actuación de la cláusula de descuelgue, incorporada asimismo por el Gobierno en su proyecto de reforma, supone la potenciación de la discrecionalidad y poder del empresario, la negación de la verdadera negociación colectiva, y la individualización de las relaciones laborales.

El argumento del Gobierno de que su texto no hace más que traducir en norma legal lo pactado entre los interlocutores sociales en el AINC es falso y abusivo. Porque el mencionado Acuerdo en modo alguno suprime niveles de negociación, ni excluye de materias y competencias a ninguno de ellos. Estrictamente señala las materias que al menos deberán negociarse en el ámbito estatal, remitiendo las partes a la negociación en ámbitos inferiores, tanto sectoriales (autonómicos, provinciales, etc.) como de empresa, las restantes materias, así­ como la concreción y desarrollo de las tratadas y/o remitidas desde el convenio estatal.

Así­ pues, la intervencionista pretensión del Gobierno consiste en disponer discrecionalmente, a través de la actuación legislativa y de su mayorí­a parlamentaria, de lo que ha sido y debe seguir siendo terreno propio de la autonomí­a de las partes, tanto de las confederaciones en el nivel interprofesional, como de las organizaciones sectoriales en el ámbito de la negociación colectiva.

El resultado, por consiguiente, de lo propuesto por el Gobierno no será más ni mejor negociación colectiva, sino menos y peor. Lo contrario de lo que UGT viene defendiendo. Y de ello resultarí­a también el establecimiento de unas reglas de negociación colectiva contestadas y rechazadas, que provocarán, y en esto coinciden incluso las organizaciones empresariales, el renacer de una conflictividad que habí­a venido reduciéndose y constituyéndose en cada vez más excepcional a lo largo de las dos últimas décadas. Apar-te de que, contrariamente a lo que piensa el Gobierno, provocará efectos inflacionistas.

En esta situación UGT quiere hacer una llamada a la responsabilidad, instando al Gobierno a que, primero, abandone la intención de forzar un cambio normativo sin el consenso de los interlocutores sociales.
En segundo lugar, que reconsidere todo el proceso para reiniciarlo sobre unas nuevas bases y un nuevo método que faciliten la discusión plena y soberana entre los interlocutores sociales, asumiendo este Gobierno, como hicieron otros gobiernos en su momento dando una muestra de gran respeto democrático, lo que estrictamente surja del consenso social.

No existe razón alguna de urgencia y sí­, en cambio, graves inconvenientes a una actuación precipitada. Con la actual negociación colectiva la sociedad española, su economí­a, sus empresas y trabajadores se han enfrentado y han superado con éxito desafí­os tan grandes o mayores que los que ahora tenemos delante. Y, en todo caso, hay tiempo suficiente para hacer las cosas bien. Mientras que actuar con precipitación podrí­a no resolver los problemas y crear, al contrario, otros nuevos y más graves. Entre los cuales se encuentra, además de los señalados más arriba, la incertidumbre que en este momento endosarí­a una reforma al proceso de negociación colectiva en ciernes, y el desconcierto e inseguridad a un elevado porcentaje de negociadores (más del 90% de los convenios registrados hasta julio de este año, es decir más de 2.500 convenios y 5.700.000 trabajadores, prácticamente el 70% de los cubiertos por negociación colectiva) que tienen ya pactados convenios con vigencia plurianual y con efectos económicos para el año 2002 y siguientes.

Pero, en todo caso, si el Gobierno persiste en su equivocada intención de realizar una reforma normativa unilateral en esta materia, UGT seguirá en la mesa de diálogo para defender, como hasta ahora, firmemente sus criterios, para buscar soluciones que sean realmente válidas para el conjunto de la sociedad española, y no sólo para intereses partidistas, y para minimizar el recorte y deterioro de la capacidad de actuación de las organizaciones sindicales y, en definitiva, de los derechos de los trabajadores y de unas relaciones laborales equilibradas.

Finalmente, UGT considera en este momento y en este terreno más importante que nunca la actuación conjunta con CC.OO. para evitar una reforma impuesta unilateralmente por el Gobierno, y para recuperar la racionalidad, la responsabilidad y la convicción y apuesta por el consenso social que nunca debió abandonarse.