La mayorí­a de las fuerzas policiales están armadas pero no han sido entrenadas adecuadamente para valorar cómo y cuando deben utilizar sus armas; sin embargo, con voluntad polí­tica este hecho puede ser corregido y pueden salvarse muchas vidas.

Estas son las principales conclusiones del informe Armas y mantenimiento del orden: Normas de derechos humanos para los agentes de policí­a, que se centra en cómo los gobiernos deberí­an actuar para controlar el uso de las armas por la policí­a y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El informe ha sido elaborado por Amnistia Internacional dentro de la campaña "Armas bajo Control" y es el primero de una serie de informes temáticos que serán elaborados por Amnistia Internacional, Intermón Oxfam y IANSA durante la campaña. "Armas bajo Control" es una campaña global que pretende contener el comercio de armas para que la población esté a salvo de la violencia armada.

El informe de Amnistí­a Internacional es una llamada a la rendición de cuentas en el uso de armas de fuego por policí­as y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El papel de la policí­a en sus comunidades es servir al bien público y la utilización de sus armas debe ser acorde con este papel. Las normas internacionales son claras: las armas de fuego deben ser la excepción en el mantenimiento del orden y no la regla. Sólo deben ser utilizadas cuando resulte estrictamente necesario para proteger la vida. La facultad de llevar armas de fuego conlleva una enorme responsabilidad en asegurar que sean utilizadas de manera legí­tima. "Este informe deberí­a ser leí­do por la policí­a en cada paí­s" ha dicho Bárbara Frey, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre armas ligeras y Derechos Humanos.

Normas para regular el uso de armas
"Existen normas internacionales que regulan el uso legí­timo de armas y otros métodos empleados por la policí­a y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero en muchos paí­ses estas normas no se están respetando" -ha declarado Amnistí­a Internacional (¿quién?).Entre ellas, se encuentran el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de Naciones Unidas.

"A la policí­a se le debe autorizar en algunos casos el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, para permitir que cumpla con su deber de proteger a las personas y también para protegerse a sí­ misma y a los demás de ataques que pongan en riesgo su vida. Sin embargo, la fuerza no puede ser arbitraria, sino que debe emplearse de forma proporcionada, lí­cita y cuando sea necesaria. Y, lo que es más importante, sólo debe utilizarse en defensa propia o frente a un peligro inminente de muerte o lesiones graves"- declara un policí­a experto (¿nombre?) en armas de fuego que ha asesorado en esta campaña.

Para que la policí­a pueda cumplir con este principio fundamental es imprescindible que reciba una capacitación exhaustiva en materia de evaluación táctica del peligro, de modo que pueda determinar en cada situación si el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, es proporcionado, necesario y lí­cito.

"Muchas policí­as en el mundo son entrenadas para saber como disparar un arma de fuego, pero no para decidir si el arma deberí­a ser disparada o cuándo. Y muy pocos gobiernos han incorporado las normas de Naciones Unidas en su legislación nacional, o muestran respeto por ellas en la práctica" - ha declarado Amnistí­a Internacional (¿ponemos el nombre de alguien?).

Formación en derechos humanos
En muchos casos, esto es debido a que los recursos disponibles para formación son insuficientes. Sin embargo, el uso indebido e impune de las armas por parte de los cuerpos de seguridad es muy peligroso. Cuando la sociedad no puede confiar en que la policí­a ejerza responsablemente su derecho al uso de la fuerza, es probable que quiera conservar las armas y que incluso las utilice, perpetuando así­ la espiral de proliferación de armas y violencia

Abundan los ejemplos de falta de observación por la policí­a de las normas del uso de armas:

– En Timor Oriental las Naciones Unidas crearon y entrenaron un nuevo servicio de policí­a, pero la formación inicialmente se limitó a tres meses. Mientras que los oficiales eran formados en habilidades técnicas que les permitieran apuntar y disparar un arma, recibieron poca o ninguna formación para evaluar las amenazas o utilizar las armas de acuerdo con las normas de Naciones Unidas. Más aun, no hay una supervisión efectiva y mecanismos de rendición de cuentas para la policí­a.

– El Código de Conducta de Naciones Unidas establece que, entre otras cosas, las policí­as y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley "deben ser representativas de la comunidad, y rendir cuentas ante ella". Sin embargo, diversos testimonios de las comunidades más pobres de Rí­o de Janeiro, Brasil, muestran como la práctica policial es discriminatoria contra ellos, frecuentemente con consecuencias mortales.

– Los Principios Básicos de Naciones Unidas establecen que las armas de fuego deberí­an ser utilizadas por la policí­a en casos de defensa propia o en situaciones de peligro eminente contra la vida. En Jamaica, que tiene el más alto í­ndice de disparos de la policí­a per capita en el mundo, las pruebas repetidamente contradicen las afirmaciones policiales de que ellos fueron dispararos primero, e indica por el contrario un preocupante patrón de ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, hay algunos ejemplos alentadores de buenas prácticas que el informe destaca:

– Sudáfrica ha cambiado recientemente una ley de tiempos del apartheid que permití­a a la policí­a disparar a sospechosos de robo, tráfico de drogas, de fugas y otros sin que hubiera una amenaza directa para las vidas de la policí­a o la población.

– En Camboya, un proyecto financiado por la UE está mejorando la seguridad en el almacenamiento de las armas de la policí­a.

Llamamiento de las ONG a todos los gobiernos del mundo
Amnistí­a Internacional, Intermón Oxfam e IANSA hacen un llamamiento a todos los gobiernos del mundo para:

– Apoyar y promover la incorporación tanto en la legislación como en la práctica de las Normas de Naciones Unidas sobre el Uso de la fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como ha pedido Bárbara Frey, Relatora Especial sobre Armas Ligeras y Derechos Humanos. En el caso de España, dichas normas deberí­an aplicarse a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: policí­a nacional, guardia civil, policí­as autonómicas y policí­as locales.

– Promover la adhesión a las Normas de Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley, en el Programa de Acción para la Prevención, Combate y Erradicación del Comercio Ilí­cito de pequeñas armas y armas ligeras en todos sus aspectos, el cual será discutido en el año 2005 y revisado en el 2006.

– Tener en cuenta el respeto de las normas de Naciones Unidas en el momento de autorizar la exportación o la venta de armas a fuerzas o agentes de seguridad. Ningún gobierno deberí­a suministrar armas de fuego, munición u otras armas si hay un riesgo de abuso por parte de los destinatarios finales.

"Los paí­ses e instituciones donantes pueden desarrollar un papel clave para asegurar que la policí­a se adhiere a las normas internacionales para el uso de las armas de fuego, así­ como garantizar que cualquier proyecto internacional de asistencia a la policí­a que ellos financian cumple con estos principios" - declara Amnistí­a Internacional.

En este sentido, es necesario recordar que España tiene diversos proyectos de asistencia y formación de policí­as en terceros paí­ses, como Albania , Bosnia-Herzegovina, Guatemala, Irak, Kosovo, Mozambique, Timor Oriental, etc.

Llamamiento de las ONG al gobierno de España
Amnistí­a Internacional, IANSA e Intermón Oxfam hacen también un llamamiento a España para que, junto a las anteriores:

– Promueva la aprobación de normas que regulen el uso de las armas y la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. independientemente de su carácter civil o militar, y se ajusten a los estándares internacionales y las normas de Naciones Unidas.

– Promueva la formación de las fuerzas de seguridad en el uso de armas, en especial, sobre cuándo deben usarse y en qué grado e intensidad, en base a los principios de proporcionalidad, inevitabilidad, legalidad y último recurso.

Aseguren que en la formación y asistencia a policí­as de terceros paí­ses se tomen medidas para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales y la aplicación de medidas de control de los arsenales? para evitar robos o su mala utilización. (este párrafo no se entiende bien).

*La Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA) se fundó en 1998, cuenta con más de 500 ONG asociadas en más de 100 paí­ses, y participa en la campaña global "Armas Bajo Control". En España no cuentan actualmente con sede, pero puede contactarse con ellos en Londres: Emile Le Brun. +44 (0) 20 7953 7568 (oficina). Móvil: +44 (0) 7900 918753. e-mail: .