Se trata de tres propuestas con consecuencias no sólo para los trabajadores de la información, sino para el conjunto de la sociedad, en la medida que garantizan los derechos constitucionales y fortalecen la democracia.

– Estatuto del Periodista Profesional. Para acabar con la total desregulación de una profesión que elabora la información, que no es una mercancí­a y que exige garantí­as profesionales para su libre ejercicio, hay que legislar como en la mayorí­a de paí­ses europeos esos derechos: acceso profesional, código deontológico, cláusula de conciencia, secreto profesional, derechos de autor, Comités Profesionales o de Redacción"¦

– Regulación Laboral de los Periodistas. La regulación laboral de los informadores es condición necesaria para su profesionalidad. Cerca del 40% de la profesión son periodistas -a la pieza-, sin contrato y obligados a hacerse -autónomos- como si no trabajaran por encargo de los medios. Como la patronal del sector no admite su inclusión en el ámbito personal de los Convenios estatales de Prensa Diaria y No Diaria, sólo desde el legislador puede ser amparada su situación, cuya precariedad influye decisivamente en la calidad de la información.

– Un modelo democrático de Medios Públicos de Comunicación. Urge ya una reforma del Estatuto de Radiotelevisión de 1980 para acabar con el control gubernamental de todos los medios públicos (estatales, autonómicos y locales), de forma que se cree un Consejo del Audiovisual que controle los contenidos y el pluralismo de la RTV pública; se elija a los directores generales de esos medios (incluido el de EFE) a través del consenso o por mayorí­a cualificada en el Parlamento, y con criterios de capacidad e independencia; se dote de competencias empresariales a los Consejos de Administración y se elija a sus miembros por los mismos criterios y no por cuotas polí­ticas; y se dote a los trabajadores de los medios públicos de Estatutos de Redacción o de Información, con sus consiguientes Comités Profesionales o de Informativos, para garantizar los derechos profesionales a ser respetuosos con la deontologí­a periodí­stica.

Estos tres puntos los proponemos a los candidatos y a la sociedad para garantizar el derecho fundamental a una información veraz y plural, base de una opinión pública formada e informada, y de toda sociedad democrática.