En el último mensaje de las ONG (fecha 26 de Diciembre 2003) , se manifestaba con carácter angustioso, alarmante y crí­tico la situación socio polí­tica que vive actualmente el pueblo haitiano. Hasta la ví­spera del bicentenario de la independencia de Haití­, esta situación se caracterizaba por:

Un clima de terror dónde los derechos humanos, en particular el derecho a la vida y las libertades ciudadanas más elementales, son violados.

Represión sistematizada, ejercida por las fuerzas policiales y grupos civiles armados, contra la población civil durante las manifestaciones pacifistas en las calles expresando su desacuerdo con la polí­tica del gobierno.

Las grandes dificultades por parte de la justicia para las ví­ctimas de la violencia, con una impunidad institucionalizada y como resultado, la multiplicación de los actos de intimidación, asesinatos polí­ticos, agresiones y violaciones contra las mujeres.

Una situación de inseguridad generalizada cuyas ví­ctimas son todas las capas de la sociedad haitiana, desde los campesinos agredidos, campesinas violadas, robadas sus mercancí­as cuando se dirigen a los mercados rurales y urbanos, hasta el hombre de negocios o el industrial secuestrado para exigir rescate y/o asesinado, pasando por los robos sistemáticos de vehí­culos perteneciendo a ONG que trabajan hasta en los más lejanos y abandonados lugares del paí­s.

Desgraciadamente, a pesar de las notas de protesta y de las condenas provenientes tanto de la comunidad nacional como internacional, esta situación persiste y aún ha empeorado durante los dos primeros meses de 2004. La gravedad del momento que vive la sociedad haitiana se manifiesta en los hechos siguientes:

Aparición de un germen insurreccional armado anti-Aristide, a las Gonaí¯ves, constituido por disidentes lavalienses; enfrentamientos violentos entre partidarios del gobierno y la oposición anti-Arisitide (St Marc, Trou du Nord, Dondon, St. Raphael, Gros-Morne; Grand-Goí¢ve, por citar algunos) llevando el paí­s al limite de una guerra civil generalizada.

Violación de los espacios humanitarios como escuelas, Universidad y los hospitales (en Port-au-Prince y en Gonaí¯ves) por parte de la Policí­a Nacional de Haití­ (PNH), los grupos armados liderados por el gobierno, y por la oposición armada anti-Aristide, en flagrante violación de los 4 convenios de Giniebra sobre protección de los no-combatientes en los conflictos armados.

Abandono de las Comisarí­as por las fuerzas de policí­a en más de una decena de ciudades del paí­s, dejando a la población civil a merced de la represión ejercida por grupos de civiles armados.

Aceleración y aumento de los desplazados internos y externos, tras las acciones de los grupos armados e intervenciones en nombre del
– restablecimiento y mantenimiento del orden-.

Esta situación de ingobernabilidad, violencia institucionalizada e inseguridad que prevalece actualmente en el paí­s, contribuyen al agravamiento de las condiciones socio- económicas ya precarias de la población ( aproximadamente el 50% de la población haitiana, es decir 4.000.000 de haitianos, viven en una situación de inseguridad alimentaria y el 65% por debajo del lí­mite de pobreza absoluta), y al deterioro de las condiciones económicas y sociales del paí­s.

En los departamentos del Norte, Noreste, y Noroeste cortados del resto del paí­s, teniendo en cuenta los problemas de aprovisionamiento de carburante, los precios de los productos petrolí­feros se han doblado afectando proporcionalmente a los precios del transporte interno. La circulación de personas y de mercancí­as se efectúa con enormes dificultades y en condiciones difí­ciles, lo que se traduce en importantes pérdidas de ingresos para la población pobre y vulnerable de estas regiones.

Además, esta situación, no sólo limita las capacidades de intervención y de seguimiento de las instituciones humanitarias, de derechos humanos y de desarrollo, sino que también impide cualquier tipo de planificación, a largo plazo, del desarrollo económico y humano del paí­s, y contribuye a acentuar los flujos migratorios tanto internos como externos.

Teniendo en cuenta, por una parte, el precariedad de las estructures de servicios públicos, en particular en el sector de la salud lo que dificulta la asistencia a las ví­ctimas de los conflictos armados; las dificultades de aprovisionamiento de las poblaciones vulnerables en las regiones en conflicto; y finalmente los problemas de comunicación que aí­slan las zonas en conflicto del resto del paí­s, Haití­ vive una situación de extrema que se puede calificar de crisis humanitaria.

Esta situación de emergencia no puede ser resuelta únicamente con un flujo masivo de ayuda alimentaria, sin pasar por la resolución del conflicto polí­tico causante de estos problemas. Además, tradicionalmente, la ayuda alimentaria siempre ha tenido efectos perversos sobre los sistemas y estructuras de producción del paí­s y lo que hacer es hipotecar todo proceso de desarrollo durable.

Toda intervención de carácter humanitario debe hacerse pensando en el desarrollo durable de Haití­ y la eliminación de las causas estructurales del subdesarrollo más secular del paí­s.

Es importante también considerar que hoy, la emergencia reside en el restablecimiento de la gobernabilidad el buen gobierno y de un entorno socio- polí­tico seguro, estable y no-violento, condiciones necesarias y imprescindibles para empezar el proceso de desarrollo durable. En ausencia de estas condiciones, serí­a imposible para las instituciones públicas, privadas y las organizaciones internacionales o no- gubernamentales en el apoyo al pueblo haitiano en su incansable búsqueda de la construcción nacional puesta en peligro por el comportamiento, a menudo irresponsable, de las élites dirigentes.

No obstante, la urgencia de restablecer la gobernabilidad y la buena gestión polí­tica y un entorno socio- polí­tico seguro, estable y no-violento, no es motivo para que la comunidad internacional intervenga militarmente en Haití­, en particular en un momento en el que el pueblo haitiano celebra el bicentenario de su independencia conquistada con la lucha y la abnegación. Toda solución militar a la crisis actual no serí­a duradera porque no se habrí­an solucionado las causas estructurales, es decir: una sociedad extremadamente diferenciada y polarizada, tremenda pobreza y exclusión de las esferas del poder de la gran mayorí­a de la población.

Nosotros, ONG nacionales e internacionales, firmantes de este mensaje, creemos que para efectuar nuestra misión en Haití­, es imprescindible el restablecimiento de un entorno socio- polí­tico seguro, estable y no-violento que sólo una gestión de gobierno democrática, respetuosa de los derechos humanos y preocupada por el bienestar del pueblo Haitiano, puede garantizar.

Reafirmamos que la solidaridad internacional hacia el pueblo haitiano debe de manifestarse en el respeto de la soberaní­a nacional y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Y pedimos a la comunidad internacional:

– Que apoye a la población haitiana en el ejercicio de sus derechos constitucionales.

– Que condene con vigor todo acto de violencia polí­tica en Haití­ y que imponga las sanciones apropiadas a los responsables de estos actos.

– Que tome todas las medidas necesarias para poner fin inmediatamente las exportaciones o trafico de armas y de municiones hací­a Haití­.

– Que toda intervención humanitaria que podrí­a plantearse, se haga en el respeto de las instituciones ya establecidas, evitando acentuar una mentalidad de dependencia de la población.

– Que se terminen las repatriaciones de migrantes y presos de nacionalidad haitiana, mientras no se restablezcan las condiciones de estabilidad.

– Que mantenga su solidaridad con el pueblo haitiano apoyando los pasos favorables a una democracia participativa así­ que la reconstrucción de servicios y de instituciones que puedan asegurar una buena gestión Estatal y una justicia social.

Llamamos a todas las partes implicadas en el conflicto a respetar los acuerdos internacionales que garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los cuales Estado Haitiano es firmante.

Exhortamos a las partes en conflicto, a tener especialmente en cuenta el acuerdo de Ginebra, que exige el respeto de los espacios humanitarios (escuelas, hospitales..) en los conflictos armados, de manera que se garantice a toda persona ví­ctima (independientemente de su filiación polí­tica) el derecho a la protección y a la asistencia que necesite.

Ahora más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso y nuestra determinación de acompañar al pueblo haitiano en su incansable búsqueda de la justicia social y la construcción de un estado moderno, democrático, y respetuoso de los derechos humanos fundamentales.