No se urbanizó y se confirma por el mismo afectado en las siguientes Normas Subsidiarias dicha calificación de suelo, pues era él mismo afectado a quien el Ayuntamiento le encargó la elaboración de dicha normativa municipal.

El PORN de 1994 zonificó dicha finca de 48 hectáreas como urbanizable por el exclusivo motivo de que ya habí­a sido incluida como tal en las Normas Subsidiarias de 1987. El PORN no estudió el valor ecológico del terreno, como lo demuestra que el nuevo PORN zonifica la finca con el grado B2, Áreas Silvestres Protegidas.

La Consejerí­a de Medio Ambiente eliminó la finca como suelo urbanizable en la Declaración de Impacto Ambiental que emitió cuando se publicaron las segundas Normas Subsidiarias por considerar que el terreno tení­a alto valor ecológico y el crecimiento de la población de Aguamarga no justificaba una urbanización de ese tamaño.

El propietario recurrió la eliminación de la finca como suelo urbanizable por parte de la Consejerí­a de Medio Ambiente y obtuvo sentencia favorable en el TSJA, basada en el hecho erróneo de que el PORN la habí­a declarado urbanizable porque habí­a estudiado pormenorizadamente el valor ecológico de la finca, cuando la realidad es que el PORN se habí­a limitado a declarar la finca urbanizable porque el propietario se habí­a encargado de incluirla así­ en las Normas Subsidiarias.

La Junta de Andalucí­a, en una clara y sospechosa dejación de funciones, no ha recurrido esta sentencia ante el Tribunal Supremo y ha dejado que devenga firme por lo que Ecologistas en Acción va a exigir que la Junta de Andalucí­a supla su falta de actividad pasada y actúe ahora de forma diligente para impedir que se destruyan 48 hectáreas -que albergan recursos biológicos de gran interés- como literalmente dice el nuevo PORN.

La Junta de Andalucí­a ya que no demostró ningún interés en defender en los tribunales el valor ecológico de la finca debe ahora suplir su dejación de funciones e iniciar un expediente de expropiación que impida la destrucción de 48 hectáreas de espacio protegido.
La Playa de Aguamarga no tiene capacidad para absorber a la muchedumbre que se pretende atraer. El pueblo, debido a la lamentable gestión del anterior equipo de gobierno, no dispone de aparcamientos públicos, el único existente fue reducido de tamaño para que un ex concejal ampliara su urbanización. El pueblo no dispone de zonas verdes, las tení­a que haber aportado el mismo ex concejal y no las ha aportado, ni el Ayuntamiento se las ha reclamado. El pueblo sufre constantes cortes de suministro eléctrico. En verano no hay agua para abastecer a la población que sufre permanentes interrupciones en el suministro.

Antes de conceder ni una sola licencia de obra más, el Ayuntamiento de Ní­jar debe solucionar estos problemas que se verí­an agravados con el enorme incremento de población que se pretende.

La edificabilidad del 10 % concedida es inadmisible, supone echar 48.000 m2 cuadrados de ladrillo al Parque. La sentencia en la que se basa la tramitación del presente proyecto nada dice de dicha edificabilidad la ha decidido libremente el propietario. La sentencia se limita a anular la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias pero no fija la edificabilidad ni demás condicionamientos. Al no existir aprobación definitiva se tendrá que tramitar una nueva aprobación con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. Este proyecto está hurtando competencias a la Consejerí­a de Medio Ambiente e imponiendo una edificabilidad y unas condiciones que no son admisibles.

Ecologistas en Acción-Almerí­a, la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata y el Grupo Ecologista Mediterráneo piden que las administraciones acaben de una vez por todas con la fuerte especulación que asfixia el futuro del Parque Natural y dejen de ser cómplices como hasta ahora ha ocurrido.