De manera reiterada y periódica aparecen en los medios de comunicación opiniones sobre la formación profesional en nuestro paí­s, que vienen a coincidir en el diagnóstico de que en las sociedades industriales avanzadas, caracterizadas por cambios constantes en el ámbito productivo, la formación profesional, entendida como preparación para el trabajo y para la adaptación a los cambios en su contenido, debe situarse entre los elementos centrales en las estrategias de desarrollo y empleo en estas sociedades.

Este diagnóstico no es nuevo. En nuestro paí­s las discusiones y el acuerdo sobre las medidas a adoptar en el ámbito de la Formación Profesional vienen expresándose en los dos Programas Nacionales de Formación Profesional publicados hasta la fecha. Casi diez años de compartir un diagnóstico y de señalar medidas.
Los viejos problemas (descoordinación entre administraciones competentes, recursos, oferta de ciclos formativos y distribución territorial, modularización de la formación, etc), deben resolverse pensando en los nuevos retos (acceso a la formación permanente, reconocimiento de la experiencia laboral, etc.).

En mayo del año en curso, el Gobierno presentó al Consejo General de la Formación Profesional una propuesta de Ley de la FP, que debe discutirse en el Parlamento en los próximos meses, y que aún con carencias importantes, apunta a concretar algunas medidas que deberí­an repercutir de manera importante y positiva en la formación profesional (referente de cualificaciones para las distintas ofertas, etc).

Pero CCOO entiende que la voluntad polí­tica debe expresarse en hechos, aparentemente de alcance menor. Los discursos han madurado en exceso, y es hora de comprometerse en objetivos a corto, medio y largo plazo. Por ello exigiremos, en el marco del Consejo, la concreción de las medidas con plazos y recursos financieros, empezando por el trabajo del Instituto Nacional de Cualificaciones ( INCUAL).

CC.OO. considera urgente que se resuelva la parálisis en que se encuentra este órgano (sin perjuicio del trabajo de sus profesionales), que está llamado a realizar un papel clave en el ámbito de las cualificaciones y la formación profesional. Constituido hace más de dos años, el INCUAL se mantiene en el centro de la competencia entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, con una dependencia orgánica y funcional compleja y sin recursos financieros propios. Nadie niega que la discusión de esta Ley y de los reglamentos que se deriven de ella, va a ser difí­cil por las distintas administraciones e intereses implicados. Pero desbloquear la proyección del INCUAL sólo depende de la voluntad polí­tica de la administración central de acabar con la ineficacia en un punto crucial para la mejora de todo el sistema de la Formación Profesional. ’Mover esta ficha’ y dinamizar los procesos siguientes es responsabilidad del Gobierno.