En Gran Bretaña, se puede seguir el rastro que va dejando este modelo de ferrocarril:

– Pérdida de la seguridad: ahí­ están los accidentes que llegan a los medios de comunicación, pero detrás de ellos están las estadí­sticas de accidentes sin ví­ctimas mortales, roturas de carriles, señales rebasadas en rojo, conatos de accidentes, etc.

– Aumento de las tarifas: las más caras de Europa; los usuarios tienen que dejarse una buena parte de su sueldo para ir al trabajo, y el gobierno británico se justifica diciendo que "las tarifas" no están subvencionadas. Sin embargo sí­ están subvencionados los beneficios de las empresas privadas de ferrocarriles.

– Aumento del gasto público: el ferrocarril británico cuesta a la sociedad más del doble que antes de su privatización, y casi tres veces más que la media europea; los ciudadanos tienen que pagar más impuestos para subvencionar los beneficios de la empresa privada.

– Degradación del servicio y de la calidad: las múltiples empresas se desentienden de los enlaces y transbordos, eliminan servicios cuando lo creen oportuno, se ha dejado de renovar material, que se va deteriorando, y los viajeros se encuentran a menudo con que se ha suprimido sin aviso el trasbordo que solí­an realizar.

Las Directivas europeas, que se utilizan sin escrúpulos como falsa excusa para acabar con el ferrocarril público, NO obligan a segregar ni a privatizar nada, NO obligan a repartir entre mirí­adas de manos el mantenimiento de los trenes y el de las infraestructuras y los sistemas de seguridad, NO obligan a arrebatar a los ciudadanos su propiedad, NO obligan a cortar ni a vender nada.

En 1941 se creó RENFE recuperando las ruinosas concesiones a empresas privadas, incapaces de garantizar el servicio y la seguridad; 60 años después han decidido darles una "segunda oportunidad" y volver a experimentar con los usuarios.

Esta Ley establece el overbooking: haber pagado un billete no dará derecho a utilizar el tren. Aunque tal vez no haya tren que utilizar, y será difí­cil saber de quién es la responsabilidad: la empresa que ponga la máquina "“ puede ser alquilada a otra o comprada de segunda mano -, la que aporta los coches y vagones, la que vende los billetes, la que repara el material, y la propietaria de las estaciones pueden ser todas diferentes. Sólo la primera serí­a responsable, pero sus oficinas (donde estará el libro de reclamaciones) puede estar en otra provincia, o incluso en otro estado de la UE.

Si a los ciudadanos se nos niega el derecho a la movilidad, y con él el derecho a la educación, a la sanidad e incluso al trabajo muchos dependen del tren para acceder a estos derechos), es para que alguien se beneficie de lo que nos arrebatan. Qué casualidad que el Ministro de Fomento, con todo este panorama montado, decida "dejar la polí­tica" para dedicarse a los negocios.

Los/as ciudadanos/as tenemos la última palabra. No podemos permitir que nos quiten lo que es nuestro ni que jueguen con nuestra seguridad, y nada de esto va a suceder si decimos claramente que estamos dispuestos a pararlo.

Desde el SFF-CGT hacemos un llamamiento a toda la sociedad para defender entre todos/as lo que es nuestro: un ferrocarril Público y Social, de todos/as para todos/as

POR UN FERROCARRIL PúBLICO, SOCIAL Y SEGURO
QUE NO TE QUITEN LO QUE ES TUYO

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO