La petición fiscal ascendí­a en suma a un total de más de 320 años de prisión para los 50 acusados por delitos de atentado, lesiones, daños y desórdenes públicos, si bien la petición se redujo durante la vista oral, celebrada durante el mes de octubre de 2003, a 6 meses de prisión para cada uno de ellos.

Consideramos que se ha dictado una sentencia justa que no refleja más que la injusticia cometida por la Delegación del Gobierno en Madrid el dí­a 10 de junio de 1997 en una acción policial que intentaba dar un escarmiento contra lo que se consideraba entonces la vanguardia del movimiento de okupación.

Tras casi 8 años desde el dí­a de las detención de 170 personas, y la celebración de tres juicios, hemos de recordar que, a pesar de solicitarse más de 320 años de cárcel en total, todas las sentencias han resultado absolutorias, por lo que estudiaremos las acciones legales a realizar para depurar las responsabilidades a que haya lugar.

Endika Zulueta, abogado de los procesados