El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) denuncia que el domingo 1° de febrero la jueza Silvia Cardozo de Martí­nez, designada hace sólo un mes atrás, se trasladó personalmente hacia la localidad de Pinto al mando de efectivos de la Policí­a de Santiago del Estero para detener a Silverio Aguirre y Miguel Rodrí­guez, dos trabajadores campesinos de 62 y 52 años que viven en el Lote 20 de esa población desde su infancia. En esa localidad, ubicada a 250 kilómetros de la capital provincial y a más de mil al norte de la Ciudad de Buenos Aires, la letrada actuó con sorprendente velocidad en una causa iniciada por un conocido terrateniente de la zona y
aún mantiene a los dos hombres detenidos en la comisarí­a de Añatuya. A pesar de las denuncias sobre las torturas que padecieron esta semana, los dos hombres seguirán en prisión al menos hasta el lunes en plena violación del principio de inocencia y aguardando antecedentes de denuncias policiales armadas en su contra.

La magistrada designada sólo para este caso, desconoció por completo las denuncias formuladas por los abogados defensores de los detenidos, que señalaron esta semana que los campesinos de 62 y 52 años \"están siendo torturados en la comisarí­a de Añatuya por el policí­a Ruiz\" quien les inflingí­a fuertes golpes en el estómago, los agarraba de los pelos y les obligaba a hacer flexiones de brazos, sentadillas y abdominales y les gritaba: \"Hijos de puta, ¿dónde están las armas?, ¿quiénes tienen las armas?. Ustedes hablen y yo los llevo a su casa. Su abogado ya los entregó.\"

Estos crí­menes de lesa humanidad despiertan una fuerte alarma sobre la gravedad de la situación.

Aunque la jueza demostró esmero para habilitar la feria judicial cuando tuvo que ordenar las detenciones, no tuvo la misma actitud para habilitar horas por fuera del horario judicial para conceder la libertad a los campesinos con el argumento de que aún no habí­an llegado sus antecedentes. Mientras llegaban esos documentos, el equipo jurí­dico del MOCASE presentó un hábeas corpus, ya que no es legal mantener preso a alguien por que no llegan sus antecedentes. No fue suficiente, apenas presentaron este recurso la fiscal Marta Roxana Cejas insistió en ver los antecedentes y sin bien podrí­a verlos con los campesinos en libertad, sigue empecinada en lo contrario, por lo que deberán seguir presos a pesar de la total violación del principio de inocencia.

Silverio Aguirre y Miguel Rodrí­guez no tienen ninguna sentencia en su
contra, sólamente denuncias en comisarí­as por supuestas \"usurpaciones de tierra\", un recurso que utilizan los terratenientes normalmente para amedrentar a los trabajadores campesinos que viven ancestralmente en sus tierras y que se resisten cotidianamente a ser atropellados. Ese argumento es el que utiliza la fiscal para impedir su libertad y desconoce que esas causas pendientes y públicamente amañadas, están sin resolución y además son
todas por delitos excarcelables.

Las irregularidades impulsadas por la jueza Cardozo de Martí­nez, que tuvo incomunicados a los campesinos por encima del máximo legal de 24 horas, son la continuación de las medidas adoptadas por su antecesora, la jueza civil subrogante del juzgado penal de Añatuya Blanca Ramos, quien se excusó de las acciones penales, pero antes de hacerlo ordenó la restitución de las tierras del lote 20 basándose en el artí­culo 182 bis del Codigo Procesal Penal de Santiago del Estero que ha sido declarado inconstitucional por todos los juzgados provinciales. Ahora Ramos también se ha negado a tramitar el hábeas
corpus alegando motivos injustificados e inverosí­miles, por lo que los campesinos al menos pasarán el fin de semana presos sin ninguna
justificación.

Luego de dictar la medida, Ramos se apartó el 19 de diciembre pasado de la causa penal con la evidente intención de no tener que soportar las consecuencias de su decisión y antes de renunciar habilitó la feria judicial. Cuatro dí­as después, el 23 de ese mes, el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia designó como jueza ad hoc (para la causa contra los campesinos) a Silvia Cardozo de Martí­nez, una empleada judicial del juarismo que fue cesanteada en su cargo y después resultó elegida concejal por el PJ provincial hasta el 2001. Desde entonces la mujer ha vivido de su profesión, hasta que como premio consuelo, el PJ provincial le reservo 4 años como concejal de Añatuya.

* Todo comenzó por una denuncia penal de 100 campesinos de Pinto por
atropellos

La causa, caratulada \"Aguirre Severio y otros s/ Daño, lesiones y usurpación de propiedad\" tiene origen en una denuncia iniciada por Oscar Dutto, empleado de Julio Antinori y de Juan M. Gil el 26 de noviembre de 2003. El expediente tuvo un fuerte impulso en el juzgado, a diferencia de la total inactividad que tuvo la denuncia firmada por casi 100 pobladores de Pinto doce dí­as antes (el 14-11-03), caratulada \"Denuncia penal por el concurso de delitos varios\" contra 15 usurpadores de tierra financiados por terratenientes, por delitos anteriores donde detallaron a los responsables, ofrecieron pruebas y solicitaron medidas. Entre los delitos relatados en la
sede judicial figuran: amenazas de muerte calificadas, la persistencia de robos de animales, la destrucción y quema de setecientos árboles centenarios de valor económico y ecológico inestimable y la intervención privada de la Ruta Provincial N° 146 que fue cortada en cuatro puntos por orden de los terratenientes Claudio Trono y Rudesindo Bertero. Este camino es el camino de la escuela para las niñas y niños de las comunidades campesinas.

En esta denuncia impulsada por los campesinos, que incluye una decena de violaciones a los derechos humanos y atropellos desde el año 2000, no hubo impulso alguno, ni actuaciones de oficio. El juzgado no realizó ninguna medida investigativa, salvo una inspección ocular altamente deficiente que se realizó en el campo a las 8 de la noche, cuando casi no habí­a luz. A pesar de la inacción del tribunal, el 10 de enero de 2004 se presentó un escrito ampliando la denuncia, pero cuando los abogados del MOCASE volvieron a la sede judicial el 2 de febrero de 2004 comprbaron que el escrito no habia sido adjuntado al expediente. Por el contrario, el juzgado no sólo desoyó la voz de los campesinos sino que impulsó fuertemente la causa en su contra e incluso habilitó la feria judicial para motorizar la persecución
penal.

Las acciones se concentraron en esta causa contra los campesinos del MOCASE, donde las juezas han eludido deliberadamente contradicciones en las declaraciones testimoniales de Oscar Dutto y Cristian Calcaterra, ambos empleados del empresario Juan Manuel Gil, quienes inicialmente acusaron a los campesinos de Pinto de haber ocupado la tierra de su patrón y luego reconocieron que los campesinos estaban en la tierra desde antes de que ellos llegaron y que poseen \"muchos animales que pastorean en el lote 20 en disputa\". Esto significa el reconocimiento por parte de los denunciantes de elementos que acreditan la posesión legí­tima de los campesinos de Pinto.

* ¿Qué es el MOCASE?

El MOCASE es un movimiento campesino que se constituyó en 1990 a raí­z de los conflictos entre campesinos y grandes inversionistas y terratenientes. La presión por la tierra se agudizó durante los años 80 a causa de los buenos precios del algodón y por el desarrollo de variedades de soja apropiadas a las duras condiciones ambientales del chaco santiagueño. El MOCASE surge entonces de las organizaciones de base que buscan defender sus derechos a la tierra y agrupa hoy en dí­a cerca de 8.500 familias. Para el MOCASE la lucha por la tierra es la piedra fundamental del movimiento a partir de la cual desarrollan una forma de vida especí­fica con sus mitos y sus costumbres, una
forma de vida autónoma y colectiva con formas de producción que cuidan la naturaleza y sus recursos.

MOCASE
Movimiento Campesino de Santiago del Estero

\"NI HOMBRES SIN TIERRA, NI TIERRA SIN HOMBRES\"

Para mayor información: En Santiago del Estero:
03843 - 421195