Los compromisos incumplidos incluyen una promesa de no respaldar propuestas legislativas que permitan que las Fuerzas Armadas realicen allanamientos y capturas sin previa orden judicial-fórmula para el aumento de la tortura y la desaparición forzada. Tampoco se ha cumplido el compromiso de romper los lazos entre los grupos paramilitares y unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia.

"Colombia se encuentra en un momento decisivo y la posición de la Unión Europea será determinante", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "El Presidente Uribe necesita escuchar que tendrá que atenerse a sus promesas", agregó.

La Unión Europea ha prometido un paquete de ayuda a Colombia de 330 millones de euros (410 millones de dólares) que finaliza en 2006. A diferencia de los fondos de Estados Unidos, que se asignan principalmente a las Fuerzas Armadas de Colombia, casi toda la ayuda europea se destina a la sociedad civil y a la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia. Europa es el principal donante para los programas humanitarios, de derechos humanos y de paz en Colombia.

En el mes de julio anterior, Estados Unidos y ocho paí­ses donantes se reunieron con el Gobierno colombiano en Londres y prometieron que aumentarí­an su apoyo financiero a cambio de avances en materia de derechos humanos.

Otro golpe para las ví­ctimas de abusos contra los derechos humanos es la propuesta del Alto Comisionado para la Paz de Colombia que pretende que los lí­deres paramilitares puedan evitar la prisión a cambio de pagos monetarios, borrando esencialmente su historial delictivo. Dicho acuerdo no servirí­a para evitar los abusos y, de hecho, invitarí­a a la guerrilla a seguir cometiendo crí­menes, ya que el gobierno podrí­a concederles, eventualmente, las mismas condiciones.

La Unión Europea debe insistir también a que el Gobierno de Colombia adopte medidas para acabar con el dominio paramilitar en el Valle del Magdalena Medio, que incluye la ciudad de Barrancabermeja, donde los grupos de derechos humanos y de ayuda humanitaria financiados por la UE se enfrentan a las amenazas y los ataques de los paramilitares. Se debe insistir al Presidente Uribe a utilizar sus facultades para separar del servicio a los miembros de las Fuerzas Armadas que no adopten medidas efectivas contra los paramilitares.

"Los miembros del Parlamento Europeo deben escuchar lo que tenga que decir el Presidente Uribe, pero también deben hacerle saber que Colombia debe cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos", señaló Vivanco.