En este periodo la presión fiscal ha aumentado (2,3 puntos del PIB), por tanto han subido los impuestos, pero además y más importante se ha producido un radical cambio en la estructura de los impuestos en contra de las personas en peor situación (los impuestos sobre el consumo han aumentado 1,5 puntos del PIB hasta ser hegemónicos en la recaudación por impuestos).

Las medidas anunciadas por el candidato Rajoy son las siguientes:

– La bajada del tipo marginal máximo de gravamen desde el 45% al 40% afecta al 3,4% de lo contribuyentes (485.000 sobre 14,3 millones) con una pérdida de recaudación (ventaja para los beneficiarios) alrededor del 2.300 millones (con los datos del año 2000).

– El descenso del tipo marginal inferior de la tarifa del 15% al 12% afectarí­a a todos los contribuyentes, también a los anteriores. Con la actual estructura de IRPF, la rebaja serí­a de 120 euros por persona y su coste serí­a aproximadamente de 2.000 millones.

– La evaluación de las modificaciones en el resto de los tipos dependerí­a de la elección final aunque es conveniente recordar que en la última reforma (2002) quedaron prácticamente igual (sólo bajó alguna décima de punto).

– La promesa de rebaja del tipo único de gravamen sobre los incrementos patrimoniales, coloquialmente plusvalí­as, desde el 15% al 12% concentra las ventajas sobre una pequeña minorí­a de personas, los más ricos.

– El 0,12% de los declarantes al IRPF (13.006 personas), aquellos con rentas superiores a 192.000 € anuales, concentran el 31,8% del total de las plusvalí­as declaradas (2.935 millones en 2002; el 41,3% de sus ingresos declarados). Este dato demuestra una muy elevada concentración de renta en un número muy pequeño de personas.

– El 0,72% de los declarantes al IRPF (80.115 personas), aquellos con rentas superiores a 96.000 € anuales concentran el 49,4% del total de las plusvalí­as (4.561 millones), beneficiándose del tipo único para este tipo de rentas.

– Solo el 14% del total de declarantes al IRPF (poco más de millón y medio sobre 11,2 millones) declaran plusvalí­as. La mayor parte de los españoles no tienen ningún rendimientos de este tipo que disfrutan de un trato fiscal tan benevolente.

La experiencia en los últimos años ha demostrada falsa la propaganda de los sucesivos Gobiernos anunciando rebajas impuestos con las reformas del IRPF. El hecho empí­rico del incremento de la presión fiscal en este periodo apoyado en los impuestos sobre el consumo, permite a CC. OO. anticipar que una polí­tica tributaria de estas caracterí­sticas beneficia en mayor medida a las personas más acomodadas estando muy lejos de asumir los importantes retos de las sociedad española:

– Más inversiones en infraestructuras fí­sicas y tecnológicas.

– Mejores polí­ticas de igualdad de oportunidades, en especial en el capí­tulo educativo y los servicios públicos de empleo.

– Suficientes polí­ticas de ayuda a la familia: prestaciones económicas generalizadas por hijo a cargo, servicios de guarderí­a, servicios sociales de dependencia y de acceso a la vivienda en condiciones dignas.

– Prestaciones sociales más amplias dirigidas a las personas en peor situación sin rentas alternativas. Especial mención para las polí­ticas especí­ficas de integración de la población emigrante.

La C. S. de Comisiones Obreras ha rechazado en tiempo y forma de manera rotunda las tres reformas anteriores del IRPF (1996, 1999 y 2002) por considerarlas innecesarias por la pérdida de recaudación que implican cuando la sociedad española necesita polí­ticas públicas en múltiples facetas e, injustas al haber beneficiado más a las personas en mejor situación económica.

El firme rechazo se hace extensible a esta o cualquier polí­tica tributaria que no garantice la suficiencia que necesita la iniciativa pública española (la presión fiscal es inferior en siete puntos a la media de los paí­ses de Unión Europea) y la equidad en la distribución de los esfuerzos. La moda de prometer mayores inversiones y mejores polí­ticas sociales a los ciudadanos a la vez que bajadas de impuestos siempre desemboca en el incumplimiento de alguna de las partes de la ecuación, mantener esas ofertas pueden desembocar en un grave descrédito de la polí­tica en general, una advertencia a tener en cuenta al implicar un grave daño para el buen gobierno de cualquier estado.