Aprovechando que los lí­deres de la Unión Europea (UE) y los miembros del Parlamento Europeo se disponen a recibir al presidente colombiano, Álvaro Uribe, en Bruselas y Estrasburgo hoy y mañana, Amnistí­a Internacional (AI) insta a la UE a abstenerse de apoyar polí­ticas que puedan agravar la crisis de derechos humanos de Colombia.

El gobierno colombiano afirma que su polí­tica de seguridad democrática está dando resultado y que los homicidios y secuestros han disminuido, pero Amnistí­a Internacional ha recibido información según la cual en varias zonas de conflicto las muertes y "desapariciones" van en aumento.

Hace sólo cinco dí­as, AI llamó la atención mundial sobre las amenazas de muerte que habí­an recibido destacados sindicalistas colombianos de la Asociación de Educadores de Arauca, aparentemente de grupos paramilitares respaldados por el ejército.

"Cabe la posibilidad de que la visita del presidente Uribe se utilice para pedir a la UE más apoyo a la polí­tica de seguridad del gobierno colombiano, especialmente a sus métodos de desmovilización de los grupos paramilitares -ha manifestado Dick Oosting, director de la Oficina de Amnistí­a Internacional ante la UE-. Pero la UE debe examinar más atentamente lo que está ocurriendo en realidad".

Oosting ha explicado: "El proceso de desmovilización tiene graves fallos. El gobierno colombiano está permitiendo que los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados vuelvan a ser reclutados legalmente. Porque lo que en realidad se está haciendo es "reciclarlos", incorporándolos a empresas privadas de seguridad o a otras estructuras creadas por el gobierno sin tener en cuenta su participación en violaciones de derechos humanos".

"La actual polí­tica del gobierno colombiano no ha traí­do consigo una mejora sustancial de la situación de los derechos humanos, porque concede impunidad a los autores de violaciones de derechos y permite que éstas continúen -ha añadido Oosting-. Esta polí­tica amenaza con privar a las ví­ctimas de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación plena".

"El gobierno colombiano afirma que el número de desplazados internos se ha reducido considerablemente gracias a su polí­tica -ha señalado también Oosting-. Pero al decir esto no tiene cuenta el hecho de que gran parte del desplazamiento pasa ahora desapercibido por existir una tendencia al desplazamiento intra urbano; además, hay informes según los cuales las fuerzas de seguridad están impidiendo fí­sicamente huir de sus hogares a muchas personas que intentan hacerlo". El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se refirió el 4 de febrero al caso de Colombia describiéndolo como la peor situación humanitaria del mundo después de las existentes en la República Democrática del Congo y Sudán, pues hay de dos a tres millones de desplazados, y casi 300.000 personas más han huido del paí­s.

Los activistas de derechos humanos son objeto de crecientes amenazas, por lo que les resulta aún más difí­cil documentar realmente las violaciones de derechos humanos. Amnistí­a Internacional teme que estén siendo ví­ctimas de una estrategia paramilitar coordinada, dirigida a menoscabar su trabajo y aumentar su vulnerabilidad a los ataques.

Amnistí­a Internacional insta, por tanto, a la UE a:

Cumplir con su responsabilidad de garantizar que la ayuda de la UE y sus Estados miembros a Colombia no es utilizada para cometer voluntaria o involuntariamente violaciones de derechos humanos.

Instar enérgicamente al gobierno colombiano a que tome medidas efectivas y decisivas para disolver los grupos paramilitares, romper todos los ví­nculos entre éstos y las fuerzas de seguridad y suspender la aplicación de toda polí­tica que entrañe la relegitimación de la actividad paramilitar.

Reiterar su reciente llamamiento al gobierno colombiano para que desista de aplicar reformas constitucionales que concedan atribuciones de policí­a judicial a las fuerzas armadas.
Continuar instando a la guerrilla a respetar el derecho internacional humanitario y a llegar a un acuerdo humanitario con el gobierno para proteger del conflicto a la población civil.