Desde entonces esta Comisión Permanente, en la que han estado presentes 8 Ministerios, 4 CC.AA. así­ como representantes de las entidades locales,
empresarios, cientí­ficos, ecologistas, consumidores y sindicatos, ha celebrado más de 30 sesiones que han dado como resultado un borrador que tendrá que ser discutido y aprobado en el Pleno del Consejo Nacional del Clima que se celebrará el dí­a 5 de febrero de 2004.

Este documento-borrador se estructura en capí­tulos que recogen el marco de referencia cientí­fico, jurí­dico e institucional, el inventario de emisiones, las medidas e instrumentos para reducir emisiones por sectores, así­ como para conocer y minimizar los efectos del cambio del clima y, por último, las bases institucionales para cumplir los compromisos. La opinión que nos merece este borrador es la siguiente:

Sin objetivos para el cumplimiento.

Lo primero que hay que decir es que esta Estrategia no garantiza una reducción de emisiones que permita cumplir con el Protocolo de Kioto. Es más, el documento parece asumir las estimaciones que ha realizado el Gobierno sobre consumo de energí­a final (tabla 13, pag. 85), consumo de energí­a primaria (tabla 14, pag. 86) y previsión de la evolución de las emisiones de producción y transformación de la energí­a (tabla 17, pag. 89)donde se aprecia claramente que estas van a crecer muy por encima del 15% fijado para el Estado Español.

El problema no es sólo que existan estas previsiones en varios de los documentos planificadores del Gobierno más recientes (fundamentalmente en el documento -Planificación de los Sectores de la Electricidad y Gas.
Desarrollo de la red de transporte 2002-2011- y en la -Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012-), sino sobre todo que este borrador de Estrategia de lucha frente al cambio climático no se plantea, tal como propusimos en su dí­a, un nuevo escenario tendente al cumplimiento de Kioto, fijando objetivos claros por sectores y ámbitos que reorientaran
las polí­ticas y medidas existentes.

La propuesta de escenario que tratamos de someter a la consideración de la Comisión Permanente sobre evolución de la demanda de energí­a primaria que implicaba un ahorro tendencial del 25% en el consumo de dicha energí­a primaria y un 27% en el consumo final de energí­a ni siquiera fue debatida en el seno de dicha Comisión.

Sin Plan de lucha frente al cambio climático: El artí­culo 3 del real Decreto 1188/2001, que regula las funciones del Consejo Nacional del Clima, define a la Estrategia Española frente al Cambio
Climático como el -instrumento planificador necesario para que las Administraciones Públicas y demás entes públicos y privados interesados
dispongan de un marco de referencia en el que queden definidos todos los ámbitos y áreas sectoriales en los que sea preciso adoptar polí­ticas y medidas para mitigar el cambio climático, paliar los efectos adversos del
mismo y hacer posible el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España en esta materia-.

Teniendo en cuenta que esta Estrategia es, pues, el instrumento planificador, que por otra parte existen otros instrumentos planificadores
sectoriales (algunos de los que hemos hecho referencia y otros "“energí­as renovables, transporte, residuos, etc-) cuyas previsiones no permiten un escenario de reducción de emisiones de gases suficiente y que el Gobierno no
tiene previsto elaborar sobre esta cuestión un plan especí­fico con medidas más concretas, objetivos y financiación, no tenemos más remedio que concluir que el borrador de Estrategia Española sobre Cambio Climático para el
Cumplimiento del Protocolo de Kioto no es un
– instrumento planificador- valido y suficiente para garantizar el cumplimiento de dicho Protocolo.

Sin modificación de la fiscalidad: La introducción de impuestos y otras medidas fiscales sobre las fuentes de energí­a contaminantes es un instrumento, complementario de otras polí­ticas y medidas, pero esencial para conseguir reducciones de emisiones significativas. Es necesaria una profunda reforma fiscal, que teniendo efecto neutro en la presión fiscal global, grave los combustibles y fuentes
energéticas emisoras de CO2, desincentivando su uso y proveyendo de recursos para medidas de ahorro, gestión de la demanda y desarrollo de las energí­as no contaminantes.

El borrador de Estrategia no incorpora, tal como propusimos, ninguna orientación de reforma de la fiscalidad en el sentido indicado, sino que se
mueve en un terreno extraordinariamente ambiguo, tanto en el apartado de -Polí­tica impositiva- (16.1.2, pag. 79) como en el de -Racionalización de la demanda y disminución de la necesidad de transporte- (19.2.3, pag. 102) habiendo dejado bien claro el Ministerio de Hacienda que el Gobierno no tiene intención alguna de establecer ningún tipo de impuesto en esta materia.

Ambigí¼edad de las medidas planteadas: El borrador incluye varios cientos de medidas que pueden y deben ser adoptadas e incorporadas por las distintas administraciones públicas y por los diversos sectores a los que van dirigidas, en los terrenos de la producción de energí­a, el transporte, la edificación, los procesos
industriales, la agricultura o los residuos. A pesar de que el documento que será sometido al Pleno contiene numerosas mejoras respecto del borrador inicial, realizadas a lo largo del proceso de debate, inusualmente participativo, que se ha producido en la Comisión Permanente, muchas de estas medidas que se proponen para combatir las causas del cambio climático
resultan excesivamente genéricas y abstractas, debido a la negativa a una mayor concreción de las mismas por parte, fundamentalmente, de los
Ministerios de Economí­a, de Fomento y de Hacienda. La ambigí¼edad de su redacción hace que muchas de ellas no contengan un mensaje suficientemente claro para las administraciones y entidades a las que se pretende orientar.

En muchos casos las polí­ticas y medidas que se están adoptando o que está previsto que adopten las diferentes Administraciones Públicas, estatales, autonómicas o locales, en los ámbitos y sectores que tienen incidencia en las emisiones de gases de invernadero, que son, por cierto, casi todos, van en dirección contraria y opuesta a la que parece sugerir muchas de las propuestas de esta Estrategia.

A modo de ejemplo señalamos que, mientras este documento señala la necesidad de racionalizar la demanda y disminuir la necesidad de transporte, la
legislación del suelo y las polí­ticas urbaní­sticas autonómicas y municipales están fomentando de manera preocupante un urbanismo disperso y expansivo que incrementa las necesidades de movilidad y el uso del automóvil para satisfacerlas. O que los proyectos de construcción de autoví­as y autopistas del Ministerio de Fomento propiciaran un aumento del transporte por carretera difí­cilmente compatible con una reducción de emisiones de CO2.

O que mientras se señala en el borrador de Estrategia que hay que favorecer el impulso de las energí­as renovables, el Gobierno mantiene, o incluso rebaja, alguna de las primas para dichas fuentes energéticas y, sin embargo, es capaz de ofrecer 900 millones de euros para el proyecto de ITER en Vandellós.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, si el documento-borrador de Estrategia Española sobre Cambio Climático para el Cumplimiento del
Protocolo de Kioto no incorpora nuestra propuestas no podrá recibir nuestro apoyo. Para que este se produzca serí­a necesario que se incluyera:

1.La fijación de un escenario con objetivos claros por sectores y ámbitos que reorienten las polí­ticas hacia el cumplimiento del protocolo de Kioto.

2.La consideración de una reforma fiscal en profundidad basada en la introducción de impuestos sobre las actividades y fuentes de energí­a emisoras de CO2.

3.La revisión a la vista del escenario fijado en la Estrategia Española sobre Cambio Climático de los vigentes instrumentos de planificación y
especialmente de:
– La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012.
– Planificación de los sectores de la electricidad y gas. Desarrollo de la Red de Transporte. 2002-2011.
– Plan de Fomento de Energí­as Renovables.
– Planes de inversión en infraestructuras de transporte de gran capacidad.

4.El Gobierno debe comprometerse a un aumento sustancial de las inversiones para desarrollar medidas que sirvan para reducir las emisiones:
– 1.000 millones anuales de euros, frente a los 200 actuales, para la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012.
– 200 millones anuales de euros, frente a los 41 actuales, para el Plan de Fomento de Energí­as Renovables.
– Elaboración de normativa legal que imponga a las compañí­as eléctricas la obligación de destinar 250 millones de euros anuales a programas de gestión de la demanda.

Si estas propuestas se incluyeran en el borrador de Estrategia que el Consejo Nacional del Clima eleve para su aprobación al Consejo de Ministros
aquel recibirá nuestro voto favorable y entusiasta.