¿Qué es la OMC?

La elección de un paí­s con un régimen casi dictatorial no es casual. La OMC era prácticamente desconocida hasta que en Seattle, en Noviembre de 1999, alrededor de 50.000 personas se congregaron para protestar en su contra, logrando abortar su tercera reunión ministerial. Fue un punto de inflexión en el inédito y hetereogéneo movimiento mundial que viene luchando contra el sistema opresivo e injusto que gobierna nuestro planeta. Y la OMC juega un papel decisivo y funesto en este sistema capitalista. Según sus propios representantes, tiene como principal propósito el asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible. Su objetivo es la instauración del libre comercio, en todos los ámbitos donde aún no se haya implantado. Pero bajo el pretexto del libre comercio se han cometido y se continúan cometiendo multitud de atrocidades que atentan contra los seres humanos y degradan de forma irreversible su entorno. La OMC ha acelerado estos procesos indeseables y destructivos, como demuestran muchas de sus acciones.

Consecuencias

Los paí­ses miembros de la OMC no pueden restringir o prohibir la entrada de productos fabricados por niños y mujeres en régimen de esclavitud, ni pueden excluir de los concursos públicos a las empresas que imponen este régimen. El argumento esgrimido es que no se pueden discriminar empresas ni productos sobre la base del modo en que éstos se producen. Para la OMC, si se reducen los costes, el que se consiga a partir del sufrimiento, la explotación y la alienación de las personas no tiene importancia. Según sus reglas, un paí­s que se niega a importar un producto por razones de prudencia en salud pública debe de aportar pruebas cientí­ficas de que este producto presenta un peligro. Los fabricantes quedan eximidos de demostrar que sus productos no tienen consecuencias negativas para la salud. No existe el derecho a la precaución. Consecuencia de ello es que los habitantes de la Unión Europea, al entrar en vigor esta decisión, nos vemos obligados a comer carne engordada con hormonas procedente de EEUU, so pena de pagar cuantiosas indemnizaciones. En otro de sus acuerdos, promueve la creación de patentes que benefician las prácticas monopolí­sticas de las empresas farmacéuticas y contribuyen a destruir los programas públicos de salud, en especial de los paí­ses expoliados y empobrecidos, de manera que condena a millones de seres humanos a padecer y morir por causas perfectamente evitables. Patentes que se utilizan también para legalizar la apropiación fraudulenta por parte de las multinacionales de los recursos genéticos de las poblaciones más necesitadas. Esto muestra claramente el carácter arbitrario de la OMC: por un lado se declara promotora a ultranza del libre comercio, y por otra lado, lo impide de forma escandalosa a través de la ampliación del alcance de las patentes. Y no es de extrañar esta arbitrariedad, pues ha sido creada para el vil enriquecimiento de esos gigantes que son las empresas multinacionales, que se cuidan de dejar sus intereses bien atados en las negociaciones de la OMC.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PúBLICOS

Actualmente, respondiendo a las demandas del capital transnacional, la OMC está negociando para ampliar el alcance del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), con el cual persigue imponer la privatización de la mayorí­a de los servicios públicos: educación, investigación, salud, suministro de agua, telecomunicaciones, construcción, transportes y un largo etcétera, lo que supondrí­a un ataque sin precedentes a nuestro bienestar colectivo. La finalidad intrí­nseca del sistema capitalista es convertir absolutamente todo en un negocio, lo que implica que quién no disponga del dinero para pagar esos servicios se verá despojado de derechos tan básicos como la salud y la educación. Por no hablar del deterioro en la calidad de los servicios prestados y los despidos masivos habituales. La carrera por la rentabilidad económica en los servicios públicos nos ha mostrado en los últimos años sus efectos perversos: baste mencionar las catástrofes de los ferrocarriles británicos y el derrumbe de la sanidad alimentaria en Europa. Ante los dictados de la OMC los múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos y sociales, sobre medio ambiente y biodiversidad no valen nada. Sólo entiende y valora la lógica reduccionista del beneficio privado, motor de la economí­a de mercado.

Y han sido nuestros gobiernos quienes, obedeciendo a las demandas del poder económico global, que no a las de su ciudadaní­a, han creado esta organización, probablemente la más poderosa del mundo, al reunir en su seno los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, lo que la convierte en un poder totalitario. Es también profundamente antidemocrática, pues no está sujeta al control de los pueblos y de sus más o menos representativos parlamentos, y no rinde cuentas a la ciudadaní­a; las decisiones son tomadas por los gobiernos de unos pocos paí­ses, principalmente los de EEUU, la UE, Japón y Canadá, y el resto de los miembros se ven obligados a acatarlas, tanto si están de acuerdo como si no. Y están intentando ampliar más y más el ámbito de los acuerdos.

Y dentro de este atroz mecanismo, la existencia y creación de zonas de libre comercio supone un paso más hacia la mercantilización de toda nuestra existencia. En Europa, a causa de recientes reformas legislativas, que vení­an pidiendo las empresas multinacionales, es ahora la Comisión Europea, con su marcado carácter ultraliberal, la encargada de negociar en nombre de la UE los acuerdos en la OMC. De esta manera, los conglomerados económico-financieros europeos podrán sacar provecho de la pérdida de control democrático que ello supone. La creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y la del Partenariado Euromediterráneo entre la UE y los paí­ses del Magreb, se enmarca dentro del mismo contexto.

Reivindicaciones

Como ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras que no aceptamos el modelo establecido para beneficio de unos pocos y el sufrimiento de la mayorí­a, queremos unir nuestras fuerzas para resistir y para luchar por un mundo distinto. Nos sentimos partí­cipes del movimiento mundial que en Seattle, Praga, Gotemburgo, Génova, o Barcelona, dónde nos unimos para denunciar al Banco Mundial, ha alzado su voz contra la opresión y la injusticia. Exigimos a los gobiernos de la Unión Europea, a la Comisión Europea, a las autoridades y organismos competentes, y en especial al gobierno del estado español, lo siguiente:

– El cese inmediato de TODAS las negociaciones en el ámbito de la

OMC, y la salida del estado español de la misma.

– La evaluación de los impactos negativos que la aplicación de sus acuerdos ha tenido hasta el dí­a de hoy.
– Dado el carácter profundamente antidemocrático y totalitario de este organismo, su disolución y la inhabilitación de los acuerdos tomados en su seno.
– Reafirmar el derecho inalienable de todos los ciudadanos y ciudadanas a tener garantizado el acceso a unos servicios públicos que cubran satisfactoriamente sus necesidades básicas.

GLOBALIZEMOS LAS RESISTENCIAS - OTRO MUNDO ES POSIBLE