Ecologistas en Acción no puede menos que oponerse ya en esta fase preliminar al nuevo Real Decreto que se pretende aprobar, elaborado por el Ministerio de Economí­a y que ya se ha sometido al juicio del Consejo Consultivo de electricidad, por lo que será previsiblemente aprobado en los próximos meses.

La normativa, que viola en varios puntos esenciales preceptos de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) 54/1997, tiene la extraña virtud de empeorar el marco normativo en que se desarrollan las renovables, cuando supuestamente se ha concebido para impulsarlo. Ejemplos de ello son el artí­culo que anula la posibilidad de que los productores que no acudan al mercado puedan seguir acogiéndose al sistema de precio final más prima, o bien la disposición adicional que prohí­be el también vigente en la actualidad cobro del complemento por garantí­a de potencia a las instalaciones que no acudan al mercado con la sorprendente extensión de esta prohibición a las instalaciones eólicas aún en el caso de presentar ofertas al mercado, o la pérdida de la ocasión para impulsar la biomasa como tecnologí­a de producción de electricidad, con varias decisiones inexplicables.

Sin embargo, para Ecologistas en Acción el hecho más indignante se refiere a la disposición adicional cuarta, la cual, sin ninguna justificación, permite incorporar al régimen especial instalaciones pertenecientes al régimen ordinario, que hayan estado sometidas al "marco legal estable" (RD 1538/1987), y por lo tanto beneficiándose de él (aplicable sólo a las grandes eléctricas pertenecientes a UNESA), de los Costes de Transición a la Competencia "“ el "peaje" de 1,7 billones de pesetas que, gracias a Piqué, estamos pagando a las grandes compañí­as -, etc.

Esas instalaciones -se trata de sistemas que trabajan con energí­as renovables y cuya potencia es inferior a 10 MW -, pasarí­an ahora a cobrar una retribución superior (según la Asociación de Productores de energí­as renovables, APPA, hablamos de unos 96 millones de euros en primas, cantidad que se doblarí­a en pocos años), a pesar de haber sido amortizadas hace ya bastante tiempo (la gran mayorí­a tiene varias décadas de vida). Mientras tanto, el Gobierno argumenta que el coste de las primas a las renovables es insostenible para el sistema.

Por todo ello Ecologistas en Acción considera que la nueva norma no ofrece un camino positivo para el fomento de las energí­as limpias y que, como siempre ocurre con este Gobierno, la estrategia consiste en ponerse siempre del lado de las grandes corporaciones.