Desde la transición española los anarcosindicalistas hemos reclamado el derecho que todo trabajador tiene, que no es otro que poderse organizar como crea conveniente y donde crea oportuno, pero como siempre el poder regula la vida y la iniciativa del ser humano. La constitución es la madre de todas las leyes que en este paí­s existen; en ella se nos dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero lo que no se dice es cómo podemos serlo cuando existe discriminación.

Dicen que uno de los artí­culos de la carta magna recoge que todos los españoles tienen derecho al trabajo y hay mas de 3 millones de parados; es curioso. También recoge esta carta que tenemos derecho a una vivienda, pero para ello tenemos que hipotecar nuestras vidas y eso el que pueda, porque hay trabajadores que no pueden ni hipotecarse, por aplicarse aquello de tanto tienes tanto vales, pero ese problema no lo tiene Felipe de Borbón y Grecia ni el hijo de Aznar, por citar unos ejemplos. No tenemos los mismos derechos; por lo tanto, no podemos ser iguales ante la ley.

Sindicalmente, a unos les conceden privilegios y a otros les quitan los derechos que ellos mismos, en su ley, conceden.

Desde el gobierno de Suárez, la CNT a estado reclamando el patrimonio sindical acumulado y el patrimonio histórico de nuestra organización.

El patrimonio sindical acumulado (PSA) es el patrimonio que durante la dictadura franquista se creó con las cuotas sindicales, que eran obligatorias para todos los trabajadores de este paí­s; la confederación reclamó el derecho al disfrute de este patrimonio de todos los trabajadores sin distinción de afiliación sindical, pero las centrales sindicales colaboracionistas no estaban de acuerdo porque eso habrí­a sido una igualdad de desarrollo sindical en esos momentos, por eso se optó por lo que hoy se conoce como comisión de patrimonio, que está compuesta por los sindicatos que más votos han sacado en las elecciones sindicales, el gobierno y la patronal. Sabiendo quién compone esta comisión podemos imaginar a quién favorece el resultado de las deliberaciones de sus reuniones. Mientras unos vendí­an convenios en los años ochenta y posteriormente hací­an las reconversiones industriales, otros eran encausados por reclamar lo que por derecho es de todos. ¿Quién dijo que todos somos iguales ante la ley?

CCOO y UGT han estado usurpando el derecho de miles de trabajadores con la excusa de que son mayorí­a, cuando en este paí­s, por desgracia, la afiliación a los sindicatos es de un 10 % de los trabajadores asalariados.

Pero quizás lo más curioso es que han llegado a denunciar a compañeros de la CNT por reclamar el PSA de sus localidades (Igualada, Olot, Figueras).

Respecto al patrimonio histórico (PH), dicen que con el paso de los años las cosas se olvidan, pero nosotros no debemos olvidar, y menos cuando la memoria nos hace recordar que en 2004 nuestra organización será llevada a juicio por reclamar el derecho a ejercer una actividad sindical y exigir que se devuelva lo que es nuestro, lo que en 1939 le arrebató la fuerza de las armas y lo que no han querido devolver de los diferentes gobiernos de este paí­s con su deseo de cerrar páginas de la historia. Ya en el gobierno de la UCD se hizo la ley de patrimonio, que debí­a servir para devolver los bienes incautados por los golpistas del 36. ¿Por que será la CNT la única organización, de las que vieron secuestrado su patrimonio, a la que no se lo han devuelto í­ntegramente, cuando a la otra central sindical que existí­a en los años treinta (la UGT) le han devuelto lo que le quitaron y le han dado diez veces más? Por ser iguales ante la ley no será.

LOS TIEMPOS CAMBIAN, PERO LA REPRESIÓN CONTINúA SIENDO IGUAL O PEOR QUE ANTES. NO A LA REPRESIÓN SINDICAL.

EL DIA 1 DE MARZO DE 2004, 105 ANARCOSINDICALISTAS SERÁN JUZGADOS.

Sindicat d\’Oficis Varis de Barcelona
Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT)