UGT afirma que para atender a la infancia en la etapa previa a la escolarización obligatoria serí­a preciso la creación de más de 400.000 nuevas plazas en los próximos cuatro años, es decir multiplicar por ocho las actualmente existentes, y demanda la ampliación suntancial de la red de guarderí­as públicas, de tal forma que al menos cubran un 50% de las necesidades en el próximo cuatrienio.

El sindicato entiende que la mal llamada paga de los 100 euros al mes (en realidad sólo es una deducción fiscal discriminatoria e injusta pues sólo afecta a algunas mujeres con hijos menores de 3 años) es una medida muy rentabilizada electoralmente por el Gobierno del Partido Popular pero insuficiente e ineficaz para facilitar la incorporación y permanencia de la mujer en el mercado de trabajo. Esto sólo se logrará con una polí­tica integral familiar que atienda, entre otras cosas, la demanda social de más guarderí­as y escuelas públicas.

La paga de los 100 euros lanzada a bombo y platillo y rentabilizada electoralmente por el Gobierno del Partido Popular, en realidad, es una mala copia de una de las medidas integradas en el modelo francés de protección a la familia. En España esta "paga" no deja de ser una deducción fiscal discriminatoria e injusta porque sólo afecta a algunas mujeres con hijos menores de 3 años, sin importar el nivel de rentas de los padres y madres, y margina a un gran número de colectivos con condiciones laborales más precarias, que son precisamente los que más lo necesitan.

En Francia la paga es de 160 euros, destinada a las rentas más bajas (aunque actualmente pretende ampliarse a las familias con rentas medias) y a esta asignación se suma otra destinada a la libre elección de guarderí­a o de asistencia maternal en el hogar. Esta medida pretende reducir los porcentajes que las familias destinan al cuidado de hijos e hijas. Además, de estas dos asignaciones se contempla otra: una ayuda de 340 euros, que se añade a los 160 de base, para quienes abandonan el trabajo para cuidar a sus hijos/as, medida que puede conseguir apartar del ámbito laboral a las mujeres en situaciones de precariedad laboral. Todas estas iniciativas se integran en el Plan "10 medidas para las familias", aprobado en la Conferencia para la Familia 2003.

La reducción en la base imponible de 1200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años, puesta en marcha por el Gobierno, como todas las reducciones en la base implica efectos fuertemente regresivos puesto que aumenta el beneficio conforme lo hace el nivel de renta. En el seno de la UE sólo España e Irlanda utiliza en exclusiva reducciones en la base, y sólo España e Italia carecen de prestaciones familiares directas por hijo, que constituye la modalidad de ayuda familiar más generalizada

Una ayuda familiar que pasa por medidas como la atención a la infancia, en la etapa previa a la escolarización obligatoria para facilitar la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo y permitirles la conciliación de su vida laboral y familiar. Esta atención debe contemplarse como un derecho subjetivo, que a la vez se materialice en la garantí­a de plaza por parte de las Administraciones Públicas (AA.PP.) de forma progresiva, asegurando en los próximos 4 años los siguientes objetivos:

– 0 "“ 1 años, al menos el 20% (actualmente sólo alcanza al 1,4%)

– 1 "“ 2 años, al menos el 50% (actualmente sólo alcanza al 5,1%)

– 2 "“ 3 años, al menos el 80% (actualmente sólo alcanza al 12,7%)

Estos objetivos suponen, en términos nacionales, la creación de más de 400.000 nuevas plazas en el próximo cuatrienio, multiplicando por ocho las actualmente existentes.

UGT considera, además, que debe primarse la cobertura escolar de los hijos de mujeres que desarrollen actividad laboral; buscan empleo; o sufran determinadas circunstancias familiares. En estos casos la cobertura de este derecho será exigible de forma inmediata a las Administraciones Públicas.

El sindicato, como defensor de un Sistema público, gratuito y de calidad, considera que hay que potenciar el número de guarderí­as públicas, de tal forma que cubran un 50% de las necesidades en los próximos 4 años. En todo caso, las AA.PP. (CC.AA. de acuerdo con el Gobierno Central) deben establecer una nueva estricta y completa regulación de la oferta privada, así­ como un eficaz servicio de inspección, control, y de atención de reclamaciones.

.Por otro lado, la cobertura debe tener en cuenta la distribución de la población en el territorio para facilitar el acceso con la mayor proximidad al lugar de residencia. Así­ se desarrollará una red de guarderí­as en zonas rurales y pequeños municipios para asegurar las coberturas mencionadas.

UGT considera que la escolarización debe ser gratuita, y que cuando la prestación no se realice a través de la red pública el coste debe correr a cargo de la Administración. Además, estima que, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, el espectro horario de las guarderí­as debe ser desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Otras demandas sindicales serí­an: la ampliación de subvenciones a la adquisición de material escolar; la ayuda de comedor; etc.