La aprobación de un Real Decreto sobre las obligaciones empresariales de coordinación de actividades preventivas en aquellas empresas que comparten centro de trabajo es una buena noticia para los trabajadores, especialmente para los de las contratas y subcontratas que son los que más desprotegidos están en las instalaciones compartidas.

El Real Decreto desarrolla el Artí­culo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a partir de una serie de puntos clave que fueron abordados por sindicatos y empresarios en un proceso de diálogo social desarrollado durante los primeros meses de 2003.

El Artí­culo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya establece obligaciones genéricas de coordinación, pero las empresas vienen ignorando tales obligaciones, lo que está causando que los accidentes graves y mortales se estén concentrando en los trabajadores subcontratados.

La nueva normativa concreta tales obligaciones y clarifica los procedimientos de coordinación facilitando así­ su aplicación por parte de las empresas, lo que es positivo tanto para los empresarios como para los trabajadores. Por ello es tan importante y saludable que el nuevo reglamento haya sido el fruto de un acuerdo básico entre las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales.

El Real Decreto favorece la negociación colectiva y los acuerdos en las empresas y centros de trabajo interempresas para poner en marcha los medios de coordinación empresarial y de representación sindical más apropiados a cada realidad. En este sentido, UGT y CC.OO. impulsarán la aplicación de estas normas en el seno de la empresa para poner en marcha los nuevos instrumentos de coordinación y cooperación a partir de experiencias como el acuerdo alcanzado en Repsol Puertollano que pone en pie un Comité Interempresas con representación de todas las empresas, incluida la principal, y seis representantes sindicales con competencias en el conjunto de la planta, camino que el nuevo Decreto permite desarrollar.

Así­ pues, el reglamento favorece también la participación de los trabajadores y su adecuada representación, permitiendo el acceso de los representantes de los trabajadores a cualquier trabajador o trabajadora del centro con independencia de la empresa a la que pertenezca.

Con este Real Decreto el Gobierno da cumplimiento a uno de los asuntos principales del Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales del 30 de diciembre de 2002. Queda pendiente, sin embargo, el desarrollo de otros acuerdos como los referidos a Enfermedades Profesionales que deberí­a culminarse de inmediato.