España exporta a paí­ses africanos armamento que el Gobierno asegura que es para caza y tiro deportivo. Sin embargo, según una investigación reciente de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, las exportaciones a 10 paí­ses africanos son, en realidad, obuses. Esta es una de las conclusiones principales del informe sobre Exportaciones de Armas Españolas 2002, divulgado por Amnistí­a Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y la propia Escuela de Cultura de Paz.

¿Cazando leones a cañonazos? El Gobierno español asegura que las municiones exportadas a Ghana, Guinea Conakry, República Centroafricana, Mauritania, Costa de Marfil, Senegal, Guinea Bissau, Angola, Burkina Faso y Camerún no es material militar.

La Escuela de Cultura de Paz ha podido saber, a través del Registro de Aduanas de la Agencia Tributaria, que cada uno de estos cartuchos exportados pesa una media de 40 kilos y tienen un importe de 120 euros la unidad. Daniel Luz, investigador de la Escuela de Cultura de Paz y experto en armas, explica que -no existe munición de caza o tiro deportivo con ese peso y ese precio. El cartucho de caza más pesado, para cazar jabalí­es o ciervos, es de 60 gramos. Sin duda, si hablamos de 40 kilos de peso por unidad, tiene que tratarse de obuses-.

Estas exportaciones de municiones a paí­ses africanos ascendieron a algo más de 4 millones de euros en 2002, de los cuales 2,7 millones se exportaron a un solo paí­s: Ghana. Se da la circunstancia, además, que 8 de estos 10 paí­ses pertenecen a la Comunidad Económica de Estados del África del Oeste (ECOWAS), organismo que decidió establecer por propia voluntad de sus gobiernos una moratoria -aún en vigor- en las importaciones de armas ligeras y municiones.

El problema de fondo estriba en que el Gobierno español, contrariamente a los criterios de la Unión Europea, no considera armamento distintos productos como las municiones, los aviones de transporte militar o los aparatos de entrenamiento militar. Al no quedar catalogados como armamento, estas exportaciones evitan los controles, eximen al Gobierno de dar explicaciones sobre ellas al Congreso, y dificultan la labor de investigación.

Las exportaciones reconocidas crecen casi un 20%:
Por otro lado, según cifras aportadas por el Gobierno, las exportaciones españolas de armamento en 2002 ascendieron a un total de 274,7 millones de euros, lo cual supone un incremento del 18,8% respecto al año anterior. A parte del caso de las municiones vendidas supuestamente como material de caza, Amnistí­a Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y la Escuela de Cultura de Paz señalan cuatro puntos negros de las exportaciones españolas:

El Gobierno reconoce haber exportado armamento a paí­ses en conflicto, en situación de posguerra o que no respetan los derechos humanos, como India, Pakistán, Israel, Sri Lanka, Marruecos y Angola, por un valor global de 14 millones de euros, lo cual contraviene el Código de Conducta de la UE. Especial atención merece el caso de Angola, paí­s al cual España vendió obuses precisamente en los dí­as -abril de 2002- en que se estaban llevando a cabo las negociaciones internas de paz que debí­an concluir con 40 años de guerra en el paí­s. Además, España también vendió a Angola 8 helicópteros por valor de 1,1 millones de euros.

El Gobierno no contempla en su informe anual otras exportaciones de armamento que se llevaron a cabo durante el 2002, y que también afectan a paí­ses en conflicto o sin garantí­as para los derechos humanos. Destacan la exportación de dos aviones CN-235 a Colombia por valor de 11 millones de dólares, la venta de seis aviones a Turquí­a por un valor de más de 100 millones y municiones por valor de 3 millones de euros, y la exportación de 200.000 euros en pistolas a Filipinas.

El informe de las ONG señala también que -se aprecia un importante retroceso en la información facilitada por el Gobierno español- y que se agudiza -la situación de falta de transparencia-. Este proceso de falta de transparencia se percibe también en los datos de las empresas españolas de armamento y del Instituto de Crédito Exterior (ICEX). Además, el retraso con el que el Gobierno informa al Congreso de los Diputados aborta cualquier intento de llevar a cabo una polí­tica preventiva.